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La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, por un total de 10.19 billones de pesos, con un aumento de casi 6 % en términos reales respecto al año anterior. Aunque se presenta como un instrumento para impulsar el desarrollo y la inversión social, varias decisiones incluidas en el dictamen han generado polémica, sobre todo en lo relativo a los beneficios que recibirán los propios legisladores.
Uno de los puntos más criticados es el incremento de sueldos y prestaciones de diputados, que supera el ritmo de crecimiento de otras partidas presupuestales. Este aumento se da en un contexto donde sectores clave, como salud, educación y seguridad pública, registran incrementos marginales o insuficientes para atender necesidades urgentes de la población. El contraste evidencia un desbalance entre las prioridades institucionales y las exigencias de la ciudadanía.
El presupuesto aprobado destina cerca del 30 % a gasto no programable, incluyendo el pago de deuda y transferencias a estados y municipios, dejando menos margen para inversión directa en programas sociales y servicios esenciales. La decisión de incrementar los beneficios legislativos sin un mecanismo claro de rendición de cuentas o vinculación con resultados concretos profundiza la percepción de desconexión entre los representantes y los ciudadanos que los eligieron.
Además, el dictamen fue aprobado prácticamente sin modificaciones tras el análisis en comisiones, lo que pone en duda la existencia de un debate crítico y reflexivo sobre las prioridades nacionales. Esto refuerza la sensación de que las decisiones presupuestales a veces se toman más para consolidar intereses internos que para atender necesidades sociales.
En conclusión, el PEF 2026 representa cifras históricas en términos absolutos, pero el crecimiento de sueldos y prestaciones de los diputados frente a insuficiencias en sectores estratégicos evidencia un problema estructural: la falta de un enfoque claro que priorice el bienestar social sobre los beneficios propios de los legisladores. El presupuesto, en este sentido, refleja más un ejercicio de poder que un instrumento efectivo para mejorar la vida de la población.
