La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negar a Grupo Salinas la suspensión de siete juicios fiscales por un monto superior a los 33 mil millones de pesos, cerrando la puerta a una práctica recurrente del conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego: la de aplazar indefinidamente sus procesos legales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La decisión de la Corte marca un punto de inflexión en una batalla que lleva años en los tribunales. Las empresas TV Azteca y Grupo Elektra habían solicitado detener temporalmente los procedimientos mientras el SAT analizaba una propuesta de “ajuste” a los créditos fiscales. Sin embargo, los ministros determinaron que no hay fundamento legal para postergar la emisión de sentencias, subrayando que las negociaciones administrativas no suspenden la acción judicial.
El fallo tiene un fuerte peso político y simbólico. Durante más de una década, Salinas Pliego ha mantenido una postura desafiante frente al fisco y a las autoridades judiciales, utilizando todos los recursos legales posibles para frenar el cobro de sus deudas. Con esta resolución, la SCJN envía un mensaje claro: no habrá más privilegios para los grandes contribuyentes que buscan ganar tiempo mientras el país enfrenta déficits presupuestales y recortes en áreas esenciales.
Críticos del sistema fiscal sostienen que este caso evidencia la asimetría en la justicia tributaria mexicana, donde los poderosos pueden litigar durante años mientras los ciudadanos comunes enfrentan sanciones inmediatas. El fallo de la Corte busca equilibrar esa balanza y reafirmar que el cumplimiento fiscal no es negociable.
Con los juicios aún en curso, Grupo Salinas enfrenta ahora un escenario adverso: sin más prórrogas judiciales y con la presión del SAT para recuperar miles de millones en impuestos que podrían representar un respiro para las finanzas públicas del país.
