La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, era un joven de apenas 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales. La revelación, más allá de la tragedia, exhibe el profundo fracaso de las políticas de seguridad y prevención en una entidad asediada por el crimen organizado.
El menor, originario de Paracho, habría desaparecido de su hogar una semana antes del crimen, según declaraciones de sus familiares. La Fiscalía sostiene que en el asesinato participaron al menos dos personas más y no descarta la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que reitera el dominio y la capacidad de infiltración de los grupos criminales en el ámbito municipal.
Resulta alarmante que, pese a contar con protección asignada por el Estado —integrada por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional—, el alcalde fuera asesinado en pleno cumplimiento de sus funciones. Este hecho no solo pone en duda la efectividad del sistema de seguridad pública, sino que exhibe la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante el poder de los cárteles.
Que un menor de edad sea el autor material del crimen refleja otro rostro igual de preocupante: el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, en un entorno donde la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado facilitan su conversión en sicarios.
El nombramiento de Grecia Quiroz, viuda del edil, como alcaldesa sustituta hasta 2027, representa un intento de continuidad institucional, pero no resuelve el fondo del problema: Michoacán sigue siendo un territorio donde la autoridad se impone a sangre y miedo.
El caso Manzo es un recordatorio doloroso de que en México, la violencia no distingue edad ni investidura, y que mientras no se ataquen sus causas estructurales, los jóvenes seguirán siendo carne de cañón del crimen.
