- Busca prohibir cirugías estéticas sin justificación médica en menores de edad.
El Congreso de Durango aprobó la llamada Ley Nicole, una reforma que busca impedir que niñas, niños y adolescentes sean sometidos a cirugías estéticas sin justificación médica. La medida surge tras la indignación social provocada por la muerte de una menor de 14 años que falleció luego de someterse a un procedimiento estético, caso que aceleró la discusión legislativa y puso en el centro del debate la falta de regulación en este tipo de intervenciones.
La reforma modifica diversas disposiciones en materia de salud, con el objetivo de establecer un marco más estricto para los profesionales médicos y para los establecimientos donde se realizan estas operaciones. Según lo aprobado, quedan prohibidos los procedimientos estéticos electivos en personas menores de edad, permitiendo únicamente aquellos que tengan un fin reconstructivo o terapéutico, respaldados por un diagnóstico y valoración médica formal.
Además, la iniciativa incorpora obligaciones específicas para clínicas y especialistas, quienes deberán comprobar su certificación profesional y cumplir protocolos más rigurosos antes de intervenir a cualquier menor, incluso en casos médicos excepcionales. También se contemplan sanciones administrativas y penales para quienes incumplan estas disposiciones, con el fin de desalentar la práctica clandestina o realizada por personal sin acreditación.
Legisladores señalaron que la aprobación de esta ley no solo responde a un caso trágico, sino a una problemática creciente: menores expuestos a riesgos quirúrgicos en entornos donde prevalecen prácticas de belleza promovidas sin criterios de salud. La intención, afirmaron, es proteger a las infancias de presiones sociales, económicas o familiares que puedan poner en riesgo su integridad física.
La “Ley Nicole” convierte a Durango en una de las primeras entidades en México en legislar de manera estricta sobre este tema. Organizaciones civiles han reconocido la decisión como un paso importante hacia la defensa del interés superior de la niñez, aunque advierten que el reto ahora será garantizar su correcta implementación y vigilancia.
