En un hecho que refleja la creciente normalización de la violencia en la política local, el regidor Benito Sánchez García, del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, fue captado en un video disparando al aire con un fusil y una pistola mientras amenazaba directamente al presidente municipal, Jorge Hernández Araus, de Morena. El material, difundido ampliamente en redes sociales, muestra al regidor con chaleco y gorra, lanzando palabras de intimidación que ponen en evidencia un desprecio absoluto por la legalidad y la convivencia democrática.
El alcalde ha anunciado que presentará una denuncia penal, subrayando que las acciones del regidor constituyen una amenaza real a su integridad física y a la seguridad pública. La situación ha generado indignación ciudadana y cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para controlar a servidores públicos que actúan al margen de la ley. Aunque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo se deslindó del comportamiento y condenó cualquier acto de violencia, la defensa del regidor, alegando que el video es falso o manipulado mediante inteligencia artificial, añade una capa de complejidad que puede entorpecer la investigación.
Críticamente, este episodio expone una debilidad estructural en la política local: la presencia de funcionarios con acceso a armas y predisposición a usar la violencia para dirimir conflictos políticos amenaza la gobernabilidad y normaliza la intimidación como herramienta de poder. La situación resulta especialmente alarmante considerando que, semanas atrás, Hidalgo fue escenario de un asesinato de alcalde, lo que evidencia un contexto de violencia política latente.
Más allá de la denuncia mediática, se requiere que las autoridades actúen con firmeza: investigar el hecho con rigor, sancionar a los responsables y establecer protocolos que eviten la repetición de estas conductas. Permitir que un regidor amenace con armas a un alcalde no solo socava la democracia municipal, sino que envía un mensaje preocupante sobre la impunidad y la fragilidad del Estado de derecho a nivel local.
