- Homologaron el delito en todo el país con penas de hasta 25 años.
El Senado de la República aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa que busca atacar uno de los delitos de mayor crecimiento en el país y que, según legisladores, exige un marco jurídico más sólido y homogéneo. Con esta reforma, el Senado pretende cerrar brechas legales, establecer criterios unificados y dotar a las autoridades de herramientas más claras para enfrentar la extorsión en sus múltiples modalidades.
El dictamen fue avalado con una amplia mayoría, reflejando un consenso político poco frecuente en temas de seguridad pública. Entre los puntos centrales destaca el aumento de las penas, que ahora oscilan entre 15 y 25 años de prisión, con agravantes que pueden elevarlas hasta más de 40 años cuando existan amenazas, violencia o participación de grupos delictivos. También se contempla la persecución de oficio, lo que permitirá iniciar investigaciones sin necesidad de una denuncia formal, un mecanismo pensado especialmente para regiones donde el miedo inhibe a las víctimas.
La ley modifica además el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras normas complementarias para garantizar una aplicación uniforme en los estados. Uno de los aspectos más discutidos fue la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes enfrentarán sanciones severas si encubren o permiten la operación de extorsionadores, especialmente dentro de centros penitenciarios.
Aunque especialistas reconocen que la reforma representa un avance relevante, también advierten que su efectividad dependerá de la capacidad operativa de las fiscalías, la coordinación entre estados y la inversión en tecnología para rastrear operaciones delictivas. Sin estos elementos —señalan— la ley corre el riesgo de convertirse en un marco jurídico ambicioso pero de impacto limitado.
Aun así, el Senado considera que el país da un paso decisivo hacia el combate integral de la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, empresas, transportistas y ciudadanos en general.
