El nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha reavivado uno de los debates más incómodos para la administración pública federal: el de la responsabilidad política frente a tragedias de Estado. La decisión ha sido cuestionada por organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes consideran el movimiento como una señal de continuidad e impunidad.
Garduño llega a la SEP tras su paso por el Instituto Nacional de Migración (INM), periodo marcado por el incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes bajo custodia gubernamental. Aunque el exfuncionario dejó el cargo, su permanencia dentro del gobierno federal no se vio interrumpida, sino redirigida hacia el sector educativo.
Al respecto, organizaciones civiles y familiares de las víctimas han señalado que la suspensión del proceso penal en su contra responde a un ejercicio de impunidad institucional, al considerar que no hubo una investigación exhaustiva que permitiera esclarecer responsabilidades en los niveles más altos de mando. Para estos grupos, el nuevo nombramiento representa una revictimización y una negación del derecho a la justicia.
En contraste, los defensores de Garduño Yáñez han sostenido que el excomisionado no tuvo responsabilidad directa en el incendio, argumentando que los hechos derivaron de fallas operativas y de personal subordinado, y no de decisiones del titular del INM. Esta postura ha sido respaldada por instancias oficiales que avalaron la suspensión del proceso.
No obstante, el debate trasciende lo penal. La dirección de los Centros de Formación para el Trabajo atiende a poblaciones vulnerables y se sustenta en un discurso de inclusión y justicia social. Colocar al frente a un funcionario vinculado a una tragedia humanitaria genera un choque ético y simbólico que afecta la credibilidad de la política educativa.
El caso Garduño vuelve a evidenciar una constante en el servicio público mexicano: los errores graves no cancelan carreras, solo las reacomodan.
