- El Máximo Tribunal anunció la devolución de nueve vehículos adquiridos para ministras y ministros, luego del cuestionamiento público por el gasto y su contradicción con el discurso de contención presupuestal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la adquisición de nueve camionetas blindadas destinadas al uso de ministras y ministros, tras la ola de críticas generada por el alto costo de los vehículos y su aparente incongruencia con los principios de austeridad que rigen el gasto público.
La compra, que se había justificado inicialmente por razones de seguridad y como una alternativa al arrendamiento de unidades, se hizo pública en un contexto de restricciones presupuestales y recortes en diversas áreas del sector público. La revelación detonó cuestionamientos ciudadanos, mediáticos y políticos sobre la pertinencia del gasto, así como sobre la señal que enviaba el Poder Judicial en un momento de exigencia social por mayor racionalidad en el uso de recursos.
Ante este escenario, la SCJN informó que las camionetas no serán utilizadas y que se solicitó su devolución al proveedor. En caso de que el procedimiento no sea viable, el tribunal indicó que las unidades podrían ser reasignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos por el ejercicio de sus funciones, conforme a la normatividad aplicable.
La decisión de revertir la compra fue respaldada desde el Ejecutivo federal, que destacó la necesidad de coherencia entre el discurso de austeridad y las decisiones administrativas de los órganos del Estado. No obstante, el episodio dejó al descubierto tensiones internas y fallas en la gestión del gasto, además de evidenciar el impacto que la presión pública tiene en las decisiones de las instituciones.
El caso de las camionetas blindadas se suma así a una serie de episodios que han colocado bajo escrutinio el manejo de recursos en el Poder Judicial, en un contexto de creciente exigencia social por transparencia, congruencia y responsabilidad en el uso del dinero público.
