- Congreso de la Unión alista declaratoria para su publicación oficial.
La aprobación de la reforma para limitar las llamadas “pensiones doradas” por parte de congresos locales representa un paso relevante en el discurso de austeridad en México, pero también deja abierta una discusión sobre su verdadero impacto en la reducción de privilegios dentro del sector público.
Hasta ahora, 18 congresos estatales han avalado la modificación constitucional, lo que permite al Congreso de la Unión avanzar en la declaratoria oficial para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se prevé que este proceso se formalice en sesión el próximo 6 de abril, con lo que la reforma entraría en vigor a nivel nacional.
La iniciativa plantea recortar las pensiones de jubilados de empresas estatales como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Nacional Financiera, fijando un tope equivalente al 50 por ciento del salario presidencial. En términos concretos, pensiones que alcanzaban hasta un millón 77 mil pesos mensuales serían ajustadas a un máximo cercano a los 70 mil pesos.
No obstante, este ajuste ha generado inconformidad entre jubilados afectados, quienes consideran que la reducción es desproporcionada y podría vulnerar derechos adquiridos. Este punto anticipa posibles controversias legales que podrían complicar la implementación de la reforma.
Más allá del respaldo político, el alcance de la medida sigue en debate. Si bien busca frenar excesos, el nuevo tope continúa siendo alto frente al ingreso promedio de la población, lo que cuestiona si realmente se trata de una transformación estructural o de un ajuste limitado.
Además, persisten dudas sobre la aplicación efectiva y la posibilidad de que surjan mecanismos alternos de compensación que mantengan privilegios bajo otras formas. La existencia de excepciones también pone en entredicho la uniformidad de la política de austeridad.
El avance de la reforma responde a una demanda social, pero su impacto real dependerá de su ejecución. Sin controles claros y vigilancia efectiva, el riesgo es que el cambio quede más en el terreno simbólico que en una transformación de fondo.
