- Señalan a exmarino por liderar red de huachicol.
La captura en Argentina del vicealmirante en retiro Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, abrió un nuevo frente para el gobierno mexicano, que ahora busca su deportación para que enfrente cargos en el país.
De acuerdo con la defensa, este viernes se llevará a cabo la primera audiencia en la que un juez argentino determinará si procede la deportación inmediata o si el proceso toma otra vía legal. El abogado Epigmenio Mendieta, representante de Fernando y Manuel Farías Laguna —ambos exintegrantes de la Marina—, confirmó que la resolución inicial será clave para definir el rumbo del caso.
Las acusaciones contra los hermanos apuntan a su presunto liderazgo en operaciones de huachicol fiscal, un esquema que implica el desvío y comercialización ilegal de combustibles mediante mecanismos financieros y aduanales, lo que lo convierte en un delito de alto impacto económico más que únicamente operativo.
Desde el ámbito político, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su administración ya inició gestiones para lograr la deportación del exmarino. No obstante, advirtió que, en caso de que las autoridades argentinas no concedan esta vía, se procederá a establecer las condiciones necesarias para solicitar su extradición formal.
El caso no solo pone a prueba la cooperación internacional en materia de justicia, sino también la capacidad del Estado mexicano para llevar ante tribunales a perfiles de alto nivel presuntamente vinculados a redes complejas de corrupción.
Más allá del proceso legal, la detención ocurre en un contexto donde el combate al huachicol —en sus distintas modalidades— sigue siendo un tema pendiente. La diferencia ahora radica en que no se trata únicamente de tomas clandestinas, sino de estructuras financieras que, según las investigaciones, habrían operado con un nivel de sofisticación que desafía los controles institucionales.
Mientras se define su situación jurídica en Argentina, el caso se perfila como un termómetro sobre la efectividad de las estrategias contra el crimen económico y la impunidad en México.
