- Acusación incluye tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios han reavivado el debate sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder en México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que presentó cargos contra Rocha Moya y nueve personas más por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el comunicado, los señalados habrían conspirado con líderes de esta organización para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos.
Según la acusación, los implicados serían funcionarios de alto rango —en activo o retirados— dentro del gobierno estatal y corporaciones de seguridad. El documento sostiene que habrían colaborado en la distribución de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas, además de brindar presunta protección a las operaciones del grupo criminal.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a que integrantes de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían intervenido en el proceso electoral mediante actos de intimidación y secuestro contra rivales políticos, favoreciendo así la llegada de Rocha Moya al cargo en 2021. Posteriormente, siempre según la acusación, el mandatario habría sostenido reuniones con ellos y ofrecido protección a sus actividades ilícitas.
El anuncio fue realizado por autoridades federales estadounidenses, incluyendo al fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y al administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
No obstante, las acusaciones han generado cuestionamientos en México, tanto por el alcance de la jurisdicción estadounidense como por la ausencia, hasta ahora, de pruebas públicas detalladas. El caso coloca al gobierno mexicano en una posición compleja, entre la cooperación bilateral en seguridad y la defensa de su soberanía.
Más allá del proceso judicial, el episodio vuelve a exhibir un problema estructural: la persistente sospecha de colusión entre autoridades y el crimen organizado, así como las dificultades para investigar estos vínculos con transparencia y eficacia dentro del propio país.
