- Escalada política sin precedentes entre PRI y Morena.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, volvió a encender la confrontación política al enviar una solicitud formal a tres dependencias del gobierno de Estados Unidos —el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro— para pedir que se declare al partido Morena como organización terrorista, bajo el argumento de presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa, el también senador plurinominal afirmó que la petición se basa en señalamientos que, a su juicio, deben ser investigados por autoridades internacionales debido a la gravedad de las acusaciones. En ese mismo contexto, Moreno aseguró haber presentado documentos adicionales ante instancias estadounidenses para sustentar su solicitud.
El dirigente priista no se limitó al ámbito internacional. También envió un documento al Instituto Nacional Electoral (INE), en el que solicita que se le retire el registro a Morena como partido político, argumentando presuntos nexos con el crimen organizado. Esta doble acción —tanto en México como en Estados Unidos— ha sido interpretada como un intento de escalar la disputa política a niveles institucionales y diplomáticos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el oficialismo, representantes de Morena han rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como infundadas y parte de una estrategia de confrontación política sin sustento jurídico. También han advertido que acudir a instancias extranjeras para solicitar sanciones contra un partido político mexicano puede interpretarse como una acción irresponsable que busca erosionar la legitimidad del sistema político nacional.
El episodio evidencia el alto grado de polarización en el escenario político del país, donde las acusaciones entre fuerzas partidistas han pasado del debate interno a intentos de intervención en organismos internacionales. Más allá del impacto mediático, el caso abre cuestionamientos sobre los límites del discurso político, el uso de señalamientos de extrema gravedad y la necesidad de sustentar cualquier acusación con pruebas verificables antes de escalarla a instancias nacionales o extranjeras.
