- Los hechos ocurrieron en el Estado de México
La investigación por presuntas irregularidades en los verificentros del Estado de México derivó en la detención de Carlos Eduardo Solares Vega, exfuncionario del gobierno de Puebla durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta.
Solares Vega fue localizado y detenido en Ciudad de México. De acuerdo con las indagatorias, habría formado parte de una estructura dedicada a exigir cuotas ilegales a concesionarios de centros de verificación vehicular, presuntamente a cambio de permitirles continuar con sus actividades.
En el mismo operativo fue detenido Raúl Piña Orta, quien fue ubicado en Acapulco, Guerrero. Ambos son señalados dentro de la investigación por su posible participación en este esquema de extorsión.
Las acciones fueron realizadas de manera coordinada por la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero, Ciudad de México y Estado de México. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si otras personas participaron en la presunta red.
Presunta red de extorsión exigía pagos ilegales a verificentros mexiquenses
Las indagatorias señalan que Solares Vega, quien se desempeñaba como director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, habría operado la estructura ilícita en complicidad con Raúl Piña Orta.
Según la investigación, ambos servidores públicos presuntamente obligaban de manera sistemática a los concesionarios de verificentros a entregar cuotas extraordinarias e ilegales para permitirles continuar con sus actividades y facilitar la revalidación de sus permisos.
El esquema habría incluido la simulación de actos de autoridad para intentar despojar a propietarios de sus concesiones y de la infraestructura de sus establecimientos. Las víctimas también habrían recibido amenazas para evitar que denunciaran los hechos ante las autoridades.
Las estimaciones oficiales citadas en las indagatorias apuntan a que la presunta red de corrupción habría obtenido millones de pesos mediante este mecanismo de extorsión.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si en el entramado participaron otros servidores públicos, exfuncionarios y particulares.
El operativo para detener a los señalados se realizó de manera simultánea en distintas entidades. Carlos Eduardo Solares Vega fue aprehendido en la Ciudad de México, mientras que Raúl Piña Orta fue localizado y detenido en Acapulco, Guerrero.
La coordinación entre autoridades federales y estatales permitió ejecutar las acciones contra quienes son señalados como presuntos integrantes de la estructura que habría operado contra concesionarios de centros de verificación vehicular en el Estado de México.
El paso de Carlos Eduardo Solares Vega por el gobierno de Puebla
Antes de incorporarse a la administración mexiquense, Carlos Eduardo Solares Vega tuvo diversos cargos en el gobierno de Puebla durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta.
Solares Vega ingresó a la administración estatal en febrero de 2021. En la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) ocupó la Dirección General de Asuntos Jurídicos, desde donde participó en la defensa legal de resoluciones y procedimientos de la autoridad ambiental.
Posteriormente, entre febrero y octubre de 2023, Solares Vega se desempeñó como subsecretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética de la misma dependencia.
Durante ese periodo participó en trabajos relacionados con el Programa de Gestión de Calidad del Aire y de Acción ante el Cambio Climático 2021-2030 del estado de Puebla.
El exfuncionario dejó la administración poblana en octubre de 2023. Un año después, en octubre de 2024, se incorporó a la estructura ambiental del Estado de México como director de Control de Emisiones a la Atmósfera, cargo que ocupaba al momento de su detención.
La detención de Solares Vega y Piña Orta forma parte de una investigación que busca establecer el alcance de la presunta red de extorsión en los verificentros del Estado de México.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a señalamientos de las autoridades dentro de una investigación ministerial, por lo que la responsabilidad penal de los detenidos deberá determinarse conforme avance el proceso judicial.
