Por Gerardo Herrera
Anoche, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla dio un paso trascendental en el complejo y accidentado proceso electoral de este 2024. En una sesión que se extendió hasta los últimos minutos del martes, los magistrados decidieron anular las elecciones en Chignahuapan y Venustiano Carranza. La decisión se sustentó en las pruebas que expusieron un panorama electoral plagado de irregularidades: compra de votos, robo de urnas y hasta el uso de armas de fuego en algunos incidentes.
Este fallo impacta directamente a los candidatos Marco Antonio Valencia, del Partido Acción Nacional (PAN), y Juan Lira, alias “El Moco”, de Fuerza por México. Pero más allá de nombres y colores partidistas, debemos recordar que esta no es una decisión meramente política, sino una que recae en el ámbito legal, por más que haya ocurrido en una sesión extraordinaria y nocturna. El Tribunal actuó conforme a la ley, aunque ello deje un sabor amargo en algunos sectores.
Las palabras de la diputada Susana Riestra Piña durante la sesión resumen la preocupación que envuelve este proceso: la imparcialidad, legalidad y certeza de los procedimientos electorales se vieron sistemáticamente vulneradas. El diputado Rafael Micalco, por su parte, subrayó una situación que añade más incertidumbre al proceso: en Venustiano Carranza, Marco Antonio Valencia tomó protesta a los cuatro primeros minutos de este 15 de octubre. Un acto que será examinado de cerca para determinar si fue legal o si también deberá anularse.
Pero dejemos por un momento los tecnicismos legales y volvamos la mirada hacia lo esencial. Lo que está verdaderamente en juego no es la victoria de un candidato o el triunfo de un partido. Lo que está en juego es la estabilidad y la seguridad de dos municipios clave en Puebla. Las elecciones, con todas sus imperfecciones, deben ser un mecanismo para garantizar la paz social, no para socavarla. Y ahora, más que nunca, es necesario que todos los actores políticos actúen con mesura y responsabilidad.
No podemos permitir que esta situación derive en un conflicto mayor. La gobernabilidad de Chignahuapan y Venustiano Carranza está por encima de cualquier interés individual o partidista. Las diferencias que hoy parecen insalvables deben ser puentes para el diálogo y la reconciliación. Los partidos, las dirigencias y los líderes políticos tienen una responsabilidad histórica en este momento: garantizar que la transición hacia una nueva elección sea pacífica y ordenada.
Se nombrarán consejos municipales temporales, quienes tendrán la delicada tarea de mantener la estabilidad en ambos municipios hasta que se repitan las elecciones el próximo año. A ellos corresponde ahora actuar con la mayor imparcialidad y responsabilidad. Y a los ciudadanos, ser vigilantes de este proceso, pero también guardianes de la paz y el respeto mutuo.
La tentación de caer en la resistencia legal o en la confrontación política puede ser fuerte, pero es un camino que no debemos tomar. La verdadera victoria, para todos los involucrados, será aquella que logre preservar la paz y garantizar el bienestar de los habitantes de Chignahuapan y Venustiano Carranza.
En tiempos de incertidumbre, el llamado a la paz no es un acto de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Que este mensaje llegue a cada rincón de nuestros municipios y que prevalezca la sensatez por encima de la discordia. Porque, al final del día, la estabilidad y el bienestar colectivo son los intereses que todos debemos poner en primer lugar.
