Lo que alguna vez se presentó como una legítima lucha por el derecho al trabajo ha terminado por transformarse en una estructura de poder opaca, violenta y profundamente cuestionada. La Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” -fundada tras el desalojo brutal del Centro Histórico en 1973- ya no es ese movimiento de resistencia que enfrentó al sistema en defensa del comercio informal. Hoy, la UPVA es percibida por muchos poblanos como un cártel urbano que, bajo la máscara de lucha social, ha extendido su control a través del miedo, la extorsión y el caos.
Durante décadas, la organización encabezada por Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, consolidó su dominio sobre mercados clave como el Hidalgo, La Unión y Zapata. Lo que comenzó como una respuesta a la represión municipal, rápidamente derivó en prácticas similares a las de cualquier estructura mafiosa: cobro de cuotas, amenazas a locatarios, uso de grupos de choque y presión sistemática sobre las autoridades. La sucesión hereditaria del liderazgo a su hijo, Xihuel Sarabia, selló el viraje definitivo: de movimiento ciudadano a feudo familiar.
Más allá de los mercados, la UPVA ha incursionado en el transporte público sin concesiones, los taxis pirata y hasta en zonas como los estadios, donde cobra “derecho de piso” para estacionar. Y cuando sus intereses se ven amenazados, recurren a lo que mejor saben hacer: el bloqueo vial y la presión pública disfrazada de protesta.
Las autoridades no son ajenas a este fenómeno. En meses recientes, el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, ha tomado distancia yendurecido el discurso: no habrá diálogo con organizaciones que violenten el estado de derecho. La Secretaría de Movilidad y Transporte, en voz de Silvia Tanús, ha sido tajante: no se legalizará un sistema de transporte irregular, peligroso y vinculado presuntamente con actos delictivos.
El punto no es negar el derecho a la protesta. El problema está en que muchas de las movilizaciones de al UPVA responden más a intereses económicos o políticos que a verdaderas causas sociales. Casos como el chantaje con motivo del franelero fallecido, las amenazas a locatarios del Paseo Bravo o las exigencias de regularización de taxis piratas, revelan que la organización ya no representa a los ambulantes, sino a sus propios lideres.
¿Quién se beneficia realmente del caos que provoca la UPVA? ¿A quién representa una organización que silencia con violencia interna a quienes la cuestionan? ¿Y por qué Puebla ha permitido que por décadas, esta estructura paralela al estado se mantenga intocable?
La UPVA “28 de Octubre” es hoy un símbolo de cómo una causa justa puede corromperse hasta convertirse en lo que alguna vez combatió.
Lejos de representar a los más vulnerables, actúa como una maquinaria de presión, cuyo verdadero objetivo parece ser conservar el poder y los privilegios conquistados al margen de la ley.
Es momento de replantear el rol de estas agrupaciones en la vida pública. No todo lo que se presenta como lucha social lo es. A veces, la resistencia disfrazada puede ser más peligrosa que el poder que critica.
