México es un mosaico de dos realidades paralelas: conviven miles de familias que se esfuerzan por salir adelante, estudian, se capacitan, trabajan como asalariados.
Muchos más, estudian y emprenden.
Buena parte de esos emprendimientos implican asumir riesgos: invertir los ahorros de toda la vida, hacerlo con préstamos familiares y la minoría se arriesga con un crédito bancario.
Pero del otro lado de la moneda, está el comercio informal con estas características:
Su actividad no está “bancarizada”, por lo que sus transacciones no pueden ser medibles.
Al no tener cuentas bancarias, no son sujetos de procesos fiscales. Es decir, suelen no pagar impuestos como IVA e ISR.
Tampoco emplean a personas con seguridad social, sino que usan principalmente a los hijos como mano de trabajo.
Obligatoriamente están afiliadas a organizaciones de comercio informal como la 28 de octubre.
Ahora que el gobernador Alejandro Armenta está metiendo orden en espacios que son de todos pero que la 28 usufructuaba de ellos, como los estacionamientos de los estadios, vale la pena reflexionar de por qué debe meter en cintura a estas organizaciones.
Es urgente que los servicios derivados del uso de espacios públicos sean regulares, garanticen seguridad a los usuarios y e impidan malas prácticas y evasión.
También entra aquí el servicio de transporte público.
Porque ni son tan pobres como dicen -basta ver los camionetones en los que trasladan sus productos a los tianguis y el anárquico, violento y millonario comercio informal callejero-, ni son tan bien portados, porque en los mercados que controlan pulula la droga y delitos varios.
No debe haber marcha atrás a las decisiones de meter orden. Disciplina, respeto a la ley, al derecho de las mayorías y no de un grupo de presión social y política.
