Cuando el Estado retoma su papel frente al privilegio

Durante años, el modelo de desarrollo urbano en Puebla ha estado marcado por una preocupante desigualdad: mientras grandes desarrolladoras inmobiliarias acumulan ganancias millonarias, miles de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública viven sin acceso a una vivienda digna. La reciente decisión del gobierno de Alejandro Armenta de exigir —y eventualmente lograr— la donación de un predio para construir casas destinadas a policías estatales no solo representa un logro administrativo, sino un acto de justicia social largamente postergada.

La narrativa del progreso en zonas como Lomas de Angelópolis ha escondido por demasiado tiempo prácticas cuestionables: adquisición de tierras a precios irrisorios, especulación descontrolada y beneficios millonarios que nunca regresaron al pueblo. ¿Cómo justificar que terrenos comprados “a centavos” ahora se vendan hasta en 700 dólares por metro cuadrado, mientras los servidores públicos que protegen a la ciudadanía no pueden acceder a una vivienda básica?

En ese contexto, el ultimátum del gobernador Armenta no fue una amenaza: fue una corrección necesaria. Exigir la devolución de un pedazo de tierra no es expropiar riqueza; es recuperar lo que el desarrollo desigual ha quitado. El anuncio de expropiación por utilidad pública marca un cambio en la lógica del poder: el Estado vuelve a actuar a favor de quienes más lo necesitan, no de quienes más acumulan.

Pero la justicia social no solo se construye con decisiones firmes desde la capital. También se cultiva en el territorio, en la cotidianidad, como lo demuestra el caso de San Martín Texmelucan. En medio del desorden heredado por gobiernos anteriores, el municipio ha logrado una reducción tangible del índice delictivo, gracias a estrategias coordinadas, acciones preventivas y voluntad política.

La apertura de un módulo seguro para la compraventa de vehículos, en colaboración con la Fiscalía estatal, es un ejemplo claro de cómo se puede prevenir el delito con inteligencia y cercanía ciudadana. Además, la vinculación con instituciones como la Secretaría de Marina para fortalecer la seguridad pública demuestra que cuando hay voluntad, se pueden tejer alianzas que realmente protegen a la población.

No se trata solo de castigar a quienes se han beneficiado del sistema, sino de reordenar las prioridades públicas: que el Estado deje de ser cómplice del privilegio y se convierta en promotor del bienestar común. Hoy, al menos en Puebla, vemos indicios de ese giro.

La justicia social comienza cuando se reconoce que no todos parten del mismo lugar, y se actúa en consecuencia. Si queremos un Puebla más seguro, más justo y más equitativo, necesitamos más decisiones valientes como la de Armenta, y más ejemplos exitosos como el de Texmelucan. La seguridad y la vivienda no pueden seguir siendo lujos; deben ser derechos garantizados para quienes todos los días arriesgan su vida por la nuestra.