Narco-política en Puebla – 10 años de vínculos y escándalos

En los últimos 10 años, Puebla ha registrado al menos 23 casos de políticos involucrados en delitos relacionados con el crimen organizado, desde alcaldes y exalcaldes hasta figuras con trayectoria estatal y federal. Las investigaciones revelan un patrón preocupante de complicidad institucional con el huachicol, el narcotráfico, el secuestro y el lavado de dinero.

De 2015 a 2025, 14 presidentes municipales fueron detenidos, procesados o señalados por proteger a bandas delictivas, muchos de ellos en zonas clave como el Triángulo Rojo —donde operan células dedicadas al robo de combustible— y regiones montañosas como la Sierra Negra o la Mixteca.

Entre los casos más graves figura el del exgobernador Mario Marín, actualmente bajo arresto domiciliario por violaciones a derechos humanos vinculadas a una red internacional de trata. También destacan los hermanos González Vieyra, exalcaldes de Ciudad Serdán y Tlachichuca, detenidos en 2025 por presuntamente encabezar una célula de secuestro y extorsión.

Las modalidades delictivas van desde la venta de gasolina robada, hasta el encubrimiento de líderes criminales como “El Toñín” y el uso del poder público para facilitar actividades ilegales. Del total de casos identificados:

Al corte de 2025, cinco políticos permanecen detenidos, otros diez enfrentan procesos judiciales abiertos y al menos tres continúan bajo medidas cautelares o prófugos. En contraste, ocho casos cerraron sin sentencia ni castigo, lo que ha encendido las alertas sobre la persistencia de la impunidad.

Los partidos políticos involucrados abarcan prácticamente todo el espectro: PRI (6 casos), Morena y PT (5), MC (4), PAN (3), PRD (2) y partidos locales como PSI (3). Ninguna fuerza política ha quedado al margen del fenómeno.

Esta década ha evidenciado una realidad incómoda: en varias regiones de Puebla, la política municipal ha sido capturada —al menos parcialmente— por redes criminales, afectando directamente la seguridad de comunidades enteras. El desafío para las autoridades y los ciudadanos es claro: romper este vínculo con transparencia, justicia y vigilancia permanente.