Puebla. Entre 2015 y 2025, el estado ha vivido una de sus etapas más oscuras en la relación entre política y crimen organizado. Desde el Triángulo Rojo hasta la Sierra Negra, pasando por las regiones de Serdán y Tehuacán, el mapa de la delincuencia se superpuso con el mapa electoral. Una investigación hemerográfica y judicial revela que al menos 23 políticos poblanos, entre alcaldes, exalcaldes y funcionarios estatales o federales, han sido señalados por nexos con redes criminales, desde huachicoleros hasta secuestradores.
El Triángulo Rojo: epicentro del huachicol
En marzo de 2017, José Isaías Velázquez Reyes, edil de Atzitzintla, fue detenido por proteger a la banda de “El Bukanas”. Ese mismo año, Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo, fue arrestado por operar gasolineras que comercializaban combustible robado. Ambos fueron procesados, aunque finalmente liberados por falta de pruebas. Sus casos fueron el primer indicio de una red de complicidad institucional con el robo de hidrocarburos.
Policías fantasmas y municipios intervenidos
En 2018, la situación escaló. En San Martín Texmelucan, Rafael Núñez fue investigado tras descubrirse más de 100 elementos policiales no registrados oficialmente. En Amozoc, tras el asesinato de seis policías, se viralizó un video que acusaba al edil José Cruz Sánchez y a su hermano de liderar una red huachicolera. Aunque no se ejercieron acciones penales, ambos casos quedaron marcados por señalamientos graves.
De la corrupción al crimen organizado
Juan Navarro, exalcalde de Ciudad Serdán, fue detenido en 2022 tras revelarse un presunto desvío de más de 600 millones de pesos durante su mandato. En paralelo, se investigaron posibles vínculos con grupos delictivos. En Tehuacán, Felipe Patjane fue arrestado por corrupción, y aunque no se le imputaron cargos por narcotráfico, su gobierno operó en una región controlada por el crimen.
El regreso de Marín y la sombra del pasado
En 2021, el exgobernador Mario Marín Torres fue detenido por tortura, vinculado al caso Lydia Cacho. Aunque los hechos datan de 2005, fue hasta 2019 que la FGR reactivó el caso bajo la figura de crimen organizado. Actualmente está bajo prisión domiciliaria con brazalete electrónico.
Huachicol con apellidos
El caso de José Alejandro Martínez, alcalde de Quecholac, sacudió al estado. Detenido en 2021, fue señalado por proteger a su hermano, “El Toñín”, uno de los principales huachicoleros de Puebla. Otro exedil, Inés Saturnino López de Tecamachalco, fue vinculado a proceso por encubrir a esa misma red.
La caída de los vieyra: de alcaldes a presuntos secuestradores
En 2025, los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, exalcaldes de Ciudad Serdán y Tlachichuca, fueron detenidos junto a su padre, Ramiro González, por presuntos delitos de secuestro y extorsión. La FGE los acusa de encabezar una red criminal desde sus cargos.
Ajalpan y Cuautempan: ediles en fuga
Ignacio Salvador, exalcalde de Ajalpan, huyó en 2020 tras el hallazgo de armas y drogas en propiedades ligadas a él. Fue capturado en 2023, pero obtuvo arraigo domiciliario. Gerardo Cortés, edil reelecto de Cuautempan, escapó tras un cateo en el que se halló un arsenal en su domicilio. Hoy es considerado prófugo.
Radiografía del problema
Sin distinción partidista
Los casos involucran a representantes del PRI, PAN, PRD, PT, Morena, MC y partidos locales. La colusión con el crimen ha sido transversal, sin importar ideología.
A lo largo de esta década, Puebla ha sido testigo de cómo la impunidad, la debilidad institucional y la ambición política permitieron que gobiernos municipales se convirtieran en plataformas para el crimen organizado. Mientras algunos procesos siguen abiertos, otros fueron archivados o concluyeron sin sentencia. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántos más están involucrados sin haber sido descubiertos?
