Dicen los que saben que, en un mundo cada vez más interconectado, la seguridad digital ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad.
Pero ese objetivo legítimo no puede —ni debe— convertirse en una amenaza a los derechos fundamentales.
En Puebla, el Gobierno del Estado ha fijado una postura contundente: el respeto a los derechos humanos es un principio no negociable.
La discusión sobre la Ley de Ciberseguridad llega en un momento clave.
La ciudadanía exige protección frente a los delitos digitales —desde fraudes hasta acoso en redes sociales—, pero también reclama garantías claras: que ninguna legislación sea utilizada como pretexto para vigilar, censurar o criminalizar la libertad de expresión.
Por eso, el llamado del Ejecutivo estatal al Congreso local y a las organizaciones de la sociedad civil es un paso en la dirección correcta.
No se trata de imponer, sino de construir, de debatir con responsabilidad, visión social y pleno respeto a las libertades.
Y el desafío es mayor de lo que parece.
Sin embargo, se necesita una legislación que entienda los riesgos reales del ciberespacio sin caer en prácticas autoritarias.
Dicho de forma sencilla: una ley que proteja sin reprimir. Para lograrlo, se requiere diálogo, análisis profundo y voluntad política.
La meta en Puebla está clara. Lo que está en juego es el camino que se elija para alcanzarla. Porque la verdadera seguridad solo es posible cuando se respeta la libertad. ¿O no?
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