Luis David García
En la Sierra Norte, los límites entre Chignahuapan y Zacatlán se están borrando, pero no por cooperación ni desarrollo regional, sino por la sombra de la confrontación política o la intromisión disfrazada de intereses.
En días recientes, un video de Omar Arroyo, operador político y supuesto periodista vinculado al presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, se volvió el reflejo de una preocupante tendencia: el uso de la violencia y la intimidación para controlar la narrativa pública.
En las imágenes, Arroyo agrede y corre a Juan Manuel Carreño, reportero local de Zacatlán, durante un evento público. Un acto que no sólo representa una agresión individual, sino una señal clara de la estrategia de desestabilización que se impulsa desde Chignahuapan hacia municipios vecinos.
En otra postal reciente —que ha circulado ampliamente en redes— se observa a Eloísa Barrios, ex candidata a la presidencia municipal de Zacatlán, acompañada de una mujer que sostiene una cartulina con la leyenda “No a la violencia en Ixtlahuaca”, comunidad perteneciente a Chignahuapan.
El mensaje parece inocente, pero el contexto revela otra lectura: operadores de Rivera Trejo insertándose en territorio zacateco bajo el pretexto de la “protesta ciudadana”, mientras en realidad promueven divisiones políticas y conflictos internos.
Estas acciones coinciden con una serie de incidentes en los que grupos vinculados al edil chignahuapense han intentado intervenir en procesos comunitarios y reuniones locales de Zacatlán, bajo la consigna de “defender causas sociales”, pero con un claro trasfondo de provocación y manipulación mediática.
Mientras esto ocurre, las denuncias contra Juan Rivera Trejo no se limitan a la arena política. Comerciantes de Chignahuapan han reportado bloqueos y desvíos de tránsito municipal que afectan a negocios que no pertenecen a su círculo de aliados, mientras se favorecen rutas hacia locales comerciales donde el alcalde tendría intereses personales.
El poder público se utiliza como herramienta de presión económica, generando un clima de miedo entre los empresarios locales que dependen del flujo turístico para sobrevivir. La versión más repetida entre los locatarios es clara: “Si no estás con él, estás fuera del mapa”.
Mientras tanto, los escándalos personales del presidente municipal se acumulan. Rivera Trejo ha sido señalado por mantener un estilo de vida que contrasta con el discurso de austeridad que presume: vehículos de lujo, constantes viajes fuera del estado y convivencias exclusivas que se documentan en redes sociales, mientras la infraestructura básica de comunidades chignahuapenses se deteriora.
Las calles sin pavimentar, los caminos rurales abandonados y los reclamos ciudadanos sobre obras inconclusas se pierden entre la propaganda y el control mediático que ejerce a través de sus operadores.
Lo que ocurre entre Chignahuapan y Zacatlán es más que un pleito local: es un síntoma de cómo algunos presidentes municipales convierten su mandato en plataforma personal de poder, trasladando sus conflictos y operadores a otros territorios.
En un contexto donde el periodismo regional enfrenta amenazas, los actos de intimidación como los de Omar Arroyo deben verse por lo que son: intentos de silenciar la crítica y controlar la narrativa.
La ciudadanía merece gobiernos que construyan puentes, no conflictos; que impulsen desarrollo, no divisiones.
Porque en la Sierra Norte, el verdadero enemigo no es el municipio vecino, sino la impunidad que permite que el poder se use para amedrentar y dividir.
Y más en momentos en donde se supone que la solidaridad debería imperar, hay quienes de plano los intereses los mueven a otros lados.
