Hay varios contendientes para dirigir el PRI; dentro de los aspirantes están quien perdió las elecciones frente a uno de los peores representantes de Morena, personas con cargo vinculados con la delincuencia organizada, un desconocido y otro con nula trayectoria y alguno más vinculado a la peor generación de priistas en la historia, todos, podrían cargar con el descalabro de ser el responsable de la desaparición del partidazo durante los próximos comicios de 2027.
Por donde se mire, la dirigencia que asuma en enero de 2026 no recibirá un partido; recibirá un expediente de rescate. En cuestión de meses, el PRI poblano tendrá que rendir cuentas: explicar cuánto va a gastar, cuántos municipios verdaderamente aún llevan sus siglas… y, sobre todo, si puede evitar el destino del PRD en 2024: desaparecer del mapa electoral local por no alcanzar el 3%.
La contienda interna ya arrancó en los hechos. Nombres como Delfina Pozos, Lorenzo Rivera, Xitlalic Ceja y José Castro, entre otros, se mencionan como posibles aspirantes para tratar de levantar la mano triunfante a finales de enero de 2026; es decir, habrá campaña de reorganización en un año de prerrogativas y previo a la elección municipal de 2027.
El Instituto Electoral del Estado (IEE) proyectó para 2026 una bolsa de $371.68 millones de pesos en financiamiento público para partidos. Al PRI le corresponderían $36,549,242 pesos para lograr estructura, candidaturas competitivas y un mensaje que conecte con la ciudadanía, pero se augura que la lana se irá en cuotas y moches.
Tras las elecciones locales de 2024, Morena y sus aliados se quedaron con al menos 130 de 217 ayuntamientos, un 60 % del total. Pero esta vez, lo que realmente importa es el resto del mapa: el PRI pasó de ser un actor territorial clave a una fuerza secundaria. El otrora “partidazo” de Puebla tiene apenas 32 de los 217 municipios en la entidad, es decir, alrededor del 14% del total de las demarcaciones.
Un dato aún más áspero: el PRI y el PAN juntos sólo gobiernan a cerca del 11.6 % de la población del estado en el actual trienio 2024–2027. El problema ya no es cuántas sillas se conservan, sino a cuántos ciudadanos siguen representando los gobiernos de la hoy oposición.
El precedente es ineludible: el PRD perdió su registro en Puebla en 2024 al no alcanzar el umbral legal. La regla es diáfana en la legislación mexicana: si un partido no obtiene al menos el 3% de la votación válida en las elecciones correspondientes, pierde el registro local (liquidación incluida). Si el PRI no revierte su caída en las municipales y en el Congreso local de 2027, puede terminar transitando la ruta del sol azteca.
Al final, quien gane la contienda deberá resolver tres frentes simultáneos: rearmar cuadros y cerrar fugas, lograr territorialidad real (no de escritorio), y generar alianzas locales con candidaturas competitivas de verdad. De lo contrario, el 3% será inalcanzable.
La discusión pública sobre quién dirige importa menos que para qué dirige. Con $36.5 millones, el tricolor puede financiar capacitación, reclutamiento de candidaturas jóvenes y una fiscalización estricta de sus procesos, pero ¿Los que lleguen ejecutarán el recurso o buscarán sólo repartirlo entre sus cuates?
La pregunta no es si “alguien quiere” dirigir el PRI, sino quién se atreve a firmar el costo político: tomar control de un aparato con menos municipios, menos población gobernada y una chequera vigilada. Si en 2026 la nueva dirigencia reduce la interna a la mera repartición de cuotas, 2027 podría ser la primera elección en la historia moderna en que el PRI poblano se asome al abismo del registro.
Porque aquí no se compite contra Morena; se compite contra la irrelevancia. Y esa campaña ya empezó.
