El contexto internacional y el arranque intempestivo del 2026 sin duda hace que nos cuestionemos sobre la terminología de distintas palabras: invasión, autonomía, derecho y voluntad popular dicen unos cuantos, mientras que otro grupo habla de ineficiencia, dictaduras, cacicazgos y pésimas administraciones.
Cuando un territorio se hunde entre corrupción, violencia y los gobiernos locales son rebasados, también se habla de una necesaria “intervención”. No es un concepto bonito, pero suele aparecer cuando las autoridades ya no pueden —o no quieren— gobernar. Lo vemos en el contexto internacional con sus asegunes y, salvando todas las proporciones, algo similar debería ocurrir en algunos municipios de Puebla.
Aquí no hay portaaviones, pero sí un gobernador que, por primera vez en mucho tiempo, se atreve a señalar con nombre y apellido lo que durante años se ocultó bajo el tapete de la “autonomía municipal”.
El caso de Xicotepec fue el punto de quiebre. Alejandro Armenta en primera instancia escuchó el reclamo de la ciudadanía harta de los malos resultados y la falta de servicios públicos y como segundo paso, cuestionó públicamente el costo de una obra, para luego solicitar una auditoría.
A Carlos Barragán le salió lo bravo; primero confrontó al gobernador, lo que siguió fue el manual clásico del alcalde bajo presión: victimizarse en redes, declararse “hombre recto” y trasladar la culpa a la burocracia estatal. Sin embargo, el mensaje fue claro: si el municipio no puede explicar por qué una calle cuesta como una autopista, entonces alguien tiene que revisar la caja.
Después está Quecholac, municipio que no necesita metáforas. Su historia reciente está marcada por el nombre de “El Toñín”, por redes delictivas que crecieron al amparo de autoridades permisivas y por administraciones que prefirieron la complicidad al conflicto. ¿Eso es gobernar o administrar la decadencia?
En Tehuacán, la narrativa se repite con otro acento: desorden financiero, servicios colapsados y una percepción ciudadana de abandono que ya no se disimula con comunicados oficiales. La delincuencia no se infiltra sola; alguien le abre la puerta o, al menos, mira hacia otro lado.
Atlixco vende flores, turismo y postales, pero por debajo florecen también contratos opacos, obras que cuestan más de lo que deberían y funcionarios municipales que viven mejor que sus propios gobernados.
Y en Huejotzingo, la violencia dejó de ser excepción para convertirse en tradición anual. Carnavales con muertos, policías rebasados y autoridades locales que siempre “ya están investigando”. La pregunta es: ¿cuántos años más se puede investigar lo mismo sin resultados? ¿A cuántos “jefes y jefas” se les puede engañar con discursos buena onda, pero sin resultados?
En este contexto, la postura del gobernador no es autoritaria, parece es inevitable ante los vacíos enormes de las actuales administraciones no sólo en los ejemplos palpables, porque donde hay corrupción, mala administración o vínculos con el crimen, no hay discurso que valga: hay responsabilidad de Estado.
Porque la verdadera tragedia no es que llegue una auditoría, sino que durante años no haya llegado nadie. Y mientras algunos presidentes municipales se escudan en discursos de honestidad, los ciudadanos siguen pagando calles carísimas, servicios deficientes y una seguridad que solo existe en boletines.
Tal vez los municipios no necesitan una intervención, pero sí algo muy parecido: una limpieza profunda en gobiernos locales que confundieron el poder con patrimonio personal. Y si a eso hoy se le llama “intervención estatal”, que así sea. Al final, peor que ser intervenido es seguir siendo rehén de malas administraciones… o pregúntenle a un venezolano qué opina.
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