La madrugada del sábado, tres jóvenes fueron ejecutados a las afueras del establecimiento denominado “El Despecho”, en la zona de Angelópolis. Tres vidas apagadas con violencia. Tres familias que hoy no duermen, no entienden, no aceptan. Tres historias que ya no podrán contarse en primera persona.
Y lo primero que se multiplicó no fue el silencio respetuoso ni la prudencia informativa. Lo primero que se multiplicó fue el rumor.
En cuestión de horas, algunos medios y cuentas “informativas” ya habían dictado sentencia, que si era ajuste de cuentas, que si venta de droga, que si cobro de piso, que si vínculos con grupos criminales. Sin una sola confirmación oficial de la Fiscalía. Sin contexto, sin pruebas, sin ética, solo “fuentes extraoficiales”.
En el ecosistema digital, la muerte se ha vuelto un insumo para clicks, para viralidad, para presumir primicias, para alimentar algoritmos.
Pero detrás de cada nota roja hay algo que no se ve en las métricas, que es una madre, un padre, hermanos, hijos, amigos que hoy enfrentan el vacío y además, el juicio público construido desde un teclado.
La Fiscalía todavía no ha fijado postura oficial, y aun así hubo medios que construyeron narrativas completas, culpabilidades implícitas y contextos criminales sin sustento. Eso no es informar. Eso es condenar sin juicio.
Esa es la segunda violencia, la simbólica, la mediática, la que no deja rastros de sangre pero sí de estigmas imborrables. En una ciudad que lucha por no normalizar la violencia, algunos han decidido normalizar la irresponsabilidad y no sé qué sea peor.
No se trata de proteger criminales ni de ocultar contextos. Se trata de entender que la verdad tiene tiempos institucionales, legales y éticos. El periodismo serio investiga, contrasta, espera, pregunta. Mientras que “el periodismo” carroñero publica primero y corrige nunca.
Así que hoy, en una competencia feroz por la “exclusiva”, se olvida lo esencial, que la información es un servicio público, no un espectáculo.
Tenemos que dimensionar que tres jóvenes muertos no son un dato estadístico más. Son proyectos truncados, familias rotas, comunidades que pierden parte de su tejido social.
El gobierno tiene la responsabilidad de investigar y esclarecer al tiempo que la Fiscalía comunica con rigor. Y los medios, de hacer periodismo, no de destruir reputaciones ni de revictimizar familias.
Mientras tanto, hay familias que están enterrando a sus hijos.
Y hay medios que están enterrando la ética.
