Hay una idea que se perdió en algún momento de la historia política de México: la de que ocupar un cargo público es un acto de servicio, no una inversión a largo plazo.
No lo digo como eslogan. Lo digo porque los números de los últimos meses lo ilustran con una claridad incómoda. Regidores que cobran hasta 500 mil pesos mensuales con bonos incluidos. Congresos locales donde el costo por legislador supera los 48 millones de pesos al año. Estados con el mismo número de diputados locales donde uno cuesta siete veces más que el otro, sin que nadie haya podido explicar jamás la diferencia.
En Baja California, cada legislador local cuesta 34.8 millones de pesos anuales. En Colima, 5.1 millones. Misma función. Misma figura constitucional. Costos que no tienen ninguna lógica salvo la de los acuerdos políticos que nadie quiso revisar.
La reforma que hoy se discute en la Cámara de Diputados propone algo elemental: que el presupuesto de los congresos locales no supere el 0.7 por ciento del gasto de cada entidad, y que los municipios reduzcan el número de regidores a un máximo de 15. Los recursos liberados se quedan en el municipio, destinados a obra pública. No hay transferencia a la federación. No hay recentralización. Hay simplemente una decisión de que el dinero de los contribuyentes financie servicios y no estructuras.
Esto debería ser un punto de acuerdo transversal. No una disputa partidista.
Y sin embargo cuesta. Cuesta porque durante décadas las estructuras legislativas y municipales crecieron no en función de las necesidades de la población, sino en función de los equilibrios políticos entre grupos, partidos y liderazgos. Cada regiduría adicional fue en algún momento una moneda de cambio. Cada incremento presupuestal a un congreso local fue una negociación cerrada lejos de los ciudadanos que lo financian. El resultado es lo que tenemos hoy: instituciones sobredimensionadas que consumen recursos públicos masivos y rinden cuentas a nadie.
El servicio público tiene un costo legítimo. Los legisladores, los regidores, los funcionarios necesitan condiciones dignas para trabajar. Nadie está discutiendo eso. Lo que está en discusión es si esas condiciones deben ser desproporcionadas respecto a la realidad del país que sirven. Si tiene sentido que un regidor en una ciudad con salarios promedio de cinco mil pesos mensuales cobre cien veces eso. Si tiene sentido que el costo de un congreso local varíe siete veces entre estados sin que nadie haya pedido una explicación.
Este momento debería leerse como un parte aguas. No como una batalla política coyuntural, sino como una oportunidad real de redefinir el pacto entre quienes ejercen funciones públicas y la sociedad que les confía esa responsabilidad. Un cargo de elección popular no es una pensión anticipada. No es un mecanismo de acumulación. Es un mandato temporal, acotado, que debería ejercerse con la conciencia de que cada peso gastado en su operación es un peso que deja de llegar a alguien que lo necesita más.
Cuatro mil millones de pesos es el ahorro proyectado si esta reforma avanza. Cuatro mil millones que hoy se van en estructuras que el ciudadano promedio no puede ver ni tocar, y que mañana podrían estar en infraestructura, en servicios, en comunidades que llevan años esperando que el Estado les cumpla.
La discusión que viene en San Lázaro será ruidosa. Habrá argumentos técnicos, debates sobre soberanía estatal, cuestionamientos al método. Todo eso es parte del proceso legislativo y es válido. Pero más allá del ruido, la pregunta de fondo es sencilla y merece una respuesta honesta de cada legislador en cada curul: ¿para qué estamos aquí?
Si la respuesta es genuina, esta reforma no debería costar tanto trabajo.
