Durante diez años, ocho gobiernos distintos intentaron capturar al principal líder huachicolero del Triángulo Rojo de Puebla. Diez años de operativos, de enfrentamientos, de bajas entre elementos de seguridad, de una estructura criminal que parecía intocable. El sábado 18 de abril de 2026, en la localidad de Tres Cabezas, en Chignahuapan, esa racha terminó.
La detención de Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de algo que en materia de seguridad pública suena sencillo, pero en la práctica cuesta mucho trabajo construir: coordinación real entre los tres niveles de gobierno.
El operativo que logró su captura involucró a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado trabajando con un mismo objetivo y con información compartida. No hubo protagonismos. No hubo disputas de competencia. Hubo inteligencia aplicada, voluntad política y la decisión clara de que este objetivo prioritario no podía seguir evadiéndose.
Ese modelo es el que Puebla consolida y el que desde la representación federal acompañamos con convicción.
El Triángulo Rojo no es un problema nuevo. Municipios como Palmar de Bravo, Esperanza, Cañada de Morelos y Quecholac han vivido durante años las consecuencias de una actividad criminal que no solo robaba combustible, sino que operaba con secuestros, extorsiones, asaltos a transporte de carga y ataques directos contra elementos de seguridad. Una estructura que en febrero pasado aún logró escapar de un operativo previo, y que finalmente fue superada no por la fuerza bruta sino por el trabajo de inteligencia tecnológica y la persistencia institucional.
Lo que esta semana ocurrió en Puebla es una lección que vale la pena nombrar: la seguridad pública no se resuelve desde un escritorio. No es un tema exclusivamente municipal, ni exclusivamente estatal, ni exclusivamente federal. Es un tema donde la fragmentación de esfuerzos históricamente ha favorecido a la delincuencia. Cada vez que las instituciones se dividieron por conflictos de competencia, por diferencias políticas o simplemente por falta de comunicación, los grupos criminales encontraron los espacios que necesitaban para crecer.
El gobernador Alejandro Armenta ha sido claro en señalar que este resultado es producto de un esfuerzo colectivo. Esa lectura es la correcta y merece reconocerse. No porque sea un logro de un partido o de una administración, sino porque representa una forma de hacer las cosas que debería convertirse en la norma y no en la excepción.
Desde la Cámara de Diputados, nuestro papel en esta ecuación es igualmente claro. Fortalecer el marco legal que permite estas operaciones conjuntas, garantizar que los presupuestos en materia de seguridad lleguen con oportunidad y sin opacidad, y acompañar desde el territorio las demandas que los propios ciudadanos nos plantean en materia de tranquilidad y orden público.
La seguridad no es un tema de titulares. Es un compromiso de largo plazo que requiere continuidad, recursos y, sobre todo, gobiernos que decidan trabajar juntos sin importar quién se lleva el crédito. Las familias de los municipios del Triángulo Rojo no preguntan de qué nivel de gobierno viene la solución. Preguntan cuándo va a llegar.
La respuesta que se construyó esta semana en Chignahuapan es un paso. Un paso significativo, que costó diez años y múltiples intentos fallidos, pero un paso al fin. La tarea ahora es no detenerse, no dispersarse y mantener la coordinación que hizo posible este resultado.
Cuando todos jalan parejo, los resultados llegan. Eso quedó demostrado.
