Técnica legislativa vs. Sentido de pueblo: El dilema de la representación en Puebla

La escena política en Puebla no ha estado exenta de momentos donde el espectáculo y la ligereza opacan la responsabilidad del encargo público. Los recientes episodios y desencuentros mediáticos protagonizados por figuras como Nay Salvatori y Grace Palomares reavivaron una conversación incómoda pero necesaria sobre el papel de la representación popular en el Congreso local.

La indignación ciudadana ante discursos o conductas que desestimaron la seriedad de la labor legislativa abrió la puerta a una respuesta que hoy busca plasmarse en el papel.

Bajo este contexto, la asociación civil Poblanos Unidos para la Profesionalización del Servicio Público ha puesto sobre la mesa la denominada “Ley Salvatori”. La propuesta busca modificar la Constitución Política del Estado de Puebla para exigir que quien aspire a una diputación posea, como requisito obligatorio, el título y la cédula profesional en Derecho.

La premisa de los promotores es simple y, a primera vista, sumamente atractiva: si la función principal de un diputado es redactar, modificar, actualizar o derogar leyes, lo lógico sería encomendar esa tarea a especialistas de la materia jurídica.

Actualmente, el texto constitucional establece como mínimos ser ciudadano poblano, saber leer y escribir y haber cumplido 18 años. Ante este contraste, la iniciativa de elevar la vara académica pretende presentarse como la solución definitiva a la improvisación.

Sin embargo, al mirar por encima de la primera impresión, la propuesta revela aristas profundamente problemáticas: resulta sectaria, discriminatoria, no es incluyente y genera un peligroso distanciamiento con el verdadero arraigo popular.

El argumento académico cae por su propio peso al revisar la realidad política: la propia Nay Salvatori cuenta con licenciatura y maestría en Administración Pública, mientras que Grace Palomares posee grado de licenciatura.

A pesar de contar con estos títulos universitarios, sus resultados e impacto en el ejercicio legislativo no han sido destacables. Esto demuestra con claridad que un título formal no garantiza, por sí solo, un desempeño brillante ni una labor parlamentaria a la altura de las necesidades de la sociedad.

El Congreso del Estado de Puebla está conformado por 41 diputadas y diputados que representan a distritos con realidades enteramente heterogéneas. Puebla es un mosaico de demarcaciones urbanas y rurales con especificidades geográficas, culturales, étnicas y socioeconómicas muy diversas.

Exigir una licenciatura en Derecho como filtro de entrada reduce la casa del pueblo a un club de profesionales, ignorando que la legitimidad de un legislador no emana de un título universitario, sino de la representatividad social y de la confianza otorgada en las urnas.

Existen líderes comunitarios, campesinos, defensores de derechos humanos, artesanos y luchadores sociales que, sin contar con un título académico, poseen una causa legítima en las manos, un profundo sentido de comunidad y el corazón puesto en las necesidades de sus distritos. Limitar su participación imponiendo la profesionalización como condición infranqueable bloquearía sistemáticamente la voz de las causas sociales en el recinto legislativo.

Por supuesto que se valora y agradece que un legislador cuente con nociones del proceso legislativo para entregar productos jurídicos de calidad que protejan a la ciudadanía. Sin embargo, para suplir la técnica jurídica existe la figura de los asesores y los equipos técnicos parlamentarios.

Lo que no se puede suplir con un cuerpo de asesores es la sensibilidad humana, el compromiso genuino y la capacidad de escuchar y traducir el mandato de la gente. Un diputado es, ante todo, un portavoz de las causas del pueblo y un instrumento para el fortalecimiento del empoderamiento popular.

Lamentablemente, la historia política nos demuestra que contar con una cédula profesional tampoco ha sido garantía de ética, honestidad ni compromiso social; sobran los ejemplos de legisladores con altos grados académicos que utilizaron su curul para el beneficio personal, el pragmatismo político o el cálculo electoral.

Nuestra Carta Magna y la Constitución local consagran el derecho fundamental de todo mexicano y mexicana a ser votado. Limitar esa garantía bajo un criterio elitista contraviene el principio de universalidad del sufragio y desvirtúa la naturaleza misma del Congreso. La técnica jurídica es indispensable para estructurar la norma, pero la sensibilidad social es lo único que le da sentido a la ley.

El verdadero reto no es cerrar la puerta a los ciudadanos, sino exigir a los partidos políticos contrapesos internos para postular a perfiles con alto valor moral y servir de corazón al pueblo.