¡Vaya vaya!
La reciente ola de pruebas toxicológicas en la clase política poblana, detonada por el llamado del gobernador Alejandro Armenta Mier, ha generado que ciertos actores hayan ganado los reflectores.
Ver al presidente del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, someterse al examen el pasado 25 de agosto no es un hecho aislado, sino una jugada de alineación institucional.
Al fungir como punta de lanza en el Poder Legislativo, Gaspar Ramírez busca blindar la operación interna y evitar filtraciones o suspicacias que vulneren al grupo en el poder.
A esta sincronía se sumaron con rapidez el diputado Rafael Micalco y el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, ventilando resultados negativos, -por cierto del mismo laboratorio-, que funcionan como constancia médica y conducto político frente a la opinión pública.
Exigir exámenes antidoping a los cuadros visibles es una herramienta infalible para ordenar la tropa y medir la lealtad de aliados y adversarios por igual.
Quien se apresura a mostrar el certificado limpio demuestra obediencia y sintonía con el Ejecutivo estatal; quien duda, especula o guarda silencio queda inmediatamente expuesto al escrutinio y a la sospecha.
A los ciudadanos, cansados de los vicios de la vieja política, este tipo de reflectores les divierte, aunque también les exige resultados más profundos.
Un examen negativo descarta sustancias prohibidas, pero no cura la opacidad, la ineficiencia administrativa ni la desconexión con las demandas sociales de las calles de Puebla.
La verdadera prueba para quienes hoy presumen expedientes limpios no está en los reactivos de un laboratorio, sino en su capacidad para gobernar sin intoxicarse con los espejismos del poder. Ni Más Ni Menos.
Hasta entonces…
Ana Celia Lara
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