El crimen organizado también entiende de elecciones. Sabe lo que vale una candidatura municipal: la posibilidad de acercarse al presupuesto, a la policía, a la información y a las decisiones sobre un territorio.
Por eso la discusión sobre el antidoping para quienes aspiran a gobernar Puebla merece llegar más lejos.
José Luis García Parra reactivó un debate que tenía como antecedente una iniciativa de la diputada priista Delfina Pozos. Su planteamiento añadió una exigencia política fundamental: que los partidos revisen a quienes postulan y cierren el paso a perfiles con vínculos delictivos.
El PAN respaldó las pruebas y también pidió revisar antecedentes. Otros actores fijaron posiciones. El siguiente paso exige convertir esa discusión en procedimientos que permitan conocer a los aspirantes más allá de su popularidad.
Esperanza acaba de darle al debate una dimensión mucho más seria.
El 7 de septiembre, el alcalde Isaac Rodríguez Ochoa fue detenido como parte del Operativo Enjambre. Según el balance difundido por Omar García Harfuch, se ejecutaron 23 órdenes de cateo y fueron detenidas nueve personas por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de autotransporte, extorsión y secuestro.
Entre ellas estaban el hermano del presidente municipal y la exdirectora de Seguridad Pública. En el conjunto del operativo se aseguraron 35 armas, incluidos dos fusiles Barrett, además de vehículos blindados, un dron y un inhibidor de señal.
Las responsabilidades individuales tendrán que acreditarse ante la justicia. La dimensión institucional del caso, sin embargo, obliga desde ahora a revisar cómo se seleccionan las candidaturas.
Rodríguez Ochoa había sido reelecto.
Había pasado por una primera administración y recibido nuevamente el respaldo de Morena para competir. Tras su detención, la representación estatal del partido remitió la evaluación de esa candidatura a la Comisión Nacional de Elecciones y recordó que había ganado la encuesta.
Ahí aparece una de las preguntas centrales rumbo a 2027: ¿qué revisan los partidos antes de respaldar a quien puede ganar?
Una encuesta mide preferencias. Una evaluación de integridad debe examinar trayectorias, intereses, patrimonio, financiamiento y relaciones relevantes. Confundir ambas cosas deja un espacio que otros pueden aprovechar.
García Parra acertó al colocar la responsabilidad en las dirigencias. Son ellas las que conocen a sus operadores regionales, negocian las postulaciones y reciben las advertencias del territorio. Les corresponde documentarlas, verificarlas y resolver antes de entregar una candidatura.
Armenta llevó el compromiso a su propio entorno. Al respaldar el operativo, sostuvo que cualquier integrante de su familia, de su equipo o de su gobierno que se coluda con grupos delictivos deberá asumir las consecuencias.
La declaración fija un criterio político que debe mantenerse sin distinción de partidos.
También enlaza con una condición indispensable para construir un estado moderno: desmantelar las complicidades que permiten utilizar instituciones públicas al servicio de intereses criminales. La coordinación entre el gobierno estatal y las autoridades federales cobra ahí su mayor importancia.
El antidoping puede formar parte de la discusión, pero sus alcances son concretos. Un resultado negativo no acredita el origen del dinero de una campaña ni explica los compromisos de quien la encabeza.
Por eso el filtro debe alcanzar a quienes financian, operan y acompañan las candidaturas. Con información comprobable, criterios claros y posibilidad de responder a los señalamientos. La revisión tiene que resistir tanto la presión de los grupos de poder como la tentación de utilizarla contra adversarios.
Rumbo a 2027 habrá aspirantes capaces de ofrecer recursos, estructuras y movilización. Las dirigencias tendrán que preguntar de dónde provienen esas capacidades y qué compromisos las sostienen.
Después de Esperanza, la pregunta ya no puede agotarse en quién tiene posibilidades de ganar.
También habrá que saber quién ganaría poder con su triunfo.
