El reto de cambiar al gobierno, y por qué vale más de lo que cuesta
Son las seis y media de la mañana y hay una fila afuera de una oficina de gobierno que abre a las nueve. En la calle, en la fila hay una señora con una carpeta de papeles fotocopiados por triplicado, un joven que pidió permiso en el trabajo y perderá el día, y un señor que ya vino la semana pasada pero le faltaba un requisito que nadie le mencionó la primera vez. Adelante, alguien vende café, tamales y alguien más ofrece, en voz baja, “agilizar” el trámite.
Esa fila es una de las instituciones más sólidas de México. Ha sobrevivido a todos los cambios de gobierno, a todas las reformas administrativas y a todas las promesas de modernización de los últimos cuarenta años. Y esa historia es hoy completamente innecesaria, inhumana e ineficiente.
Lo que cuesta la ventanilla
El Banco Interamericano de Desarrollo puso números a esto en su estudio El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital, y los números son impresionantes. Completar un solo trámite toma en promedio 5.4 horas en América Latina; en México, 6.9 horas, frente a 2.2 horas en Chile. Un trámite digital tarda 74% menos que uno presencial. Y prestarlo en ventanilla le cuesta al gobierno hasta cuarenta veces más de lo que costaría el mismo servicio en una plataforma digital.
El Instituto Mexicano para la Competitividad retomó ese estudio para calcular algo que debería estar en el escritorio de cada secretario de finanzas del país, si México llevara el 100% de sus trámites a mecanismos digitales, el ahorro sería de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares al año.
Y luego está el otro costo, el que no se mide en horas. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI estimó que en 2025 el costo de la corrupción asociada a trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos ascendió a 17 mil 707 millones de pesos, el monto más alto del último lustro, casi el doble que cinco años atrás, con un desembolso promedio de 3 mil 865 pesos por persona afectada. En esa misma medición, 84% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción.
Jutemos las dos cifras y entenderemos por qué este tema me parece mucho más importante que un debate de eficiencia administrativa. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos y de millones de horas de vida que se pierden cada año en un país que no puede darse ese lujo.
La corrupción necesita una ventanilla
Algo que no decimos en México es que la mayor parte de la corrupción cotidiana no es ideológica ni cultural. Es de oportunidad, de costos. Requiere, desde mi perspectiva, tres condiciones muy específicas: discrecionalidad (que un funcionario pueda decidir sí o no sin criterios claros), opacidad (que nadie pueda verificar después qué pasó) y contacto directo entre quien pide y quien resuelve.
Un trámite digital bien diseñado ataca las tres al mismo tiempo. Los criterios de resolución quedan escritos en el sistema y se aplican igual para todos. Cada acción queda registrada con usuario, fecha y hora, de modo que cualquiera puede auditar después por qué un expediente tardó ochenta días. Y el ciudadano, sencillamente, deja de tener enfrente a la persona a quien podría ofrecerle algo o quien podría insinuarle algo.
No es casualidad que el propio BID titule su hallazgo como una conclusión de política pública, digitalizar los trámites reduce la corrupción. No la elimina, la corrupción grande vive en otro piso del edificio, en las compras y en la obra, pero le quita el terreno donde se reproduce todos los días, en pequeño, contra la gente que menos puede pagarla. El mismo estudio del BID encontró que 30% de las personas de bajos ingresos ha pagado alguna vez un soborno para realizar un trámite, frente a 25% de las de mayores ingresos. El impuesto informal es regresivo, como casi todo en este país.
Cómo se ve un gobierno que sí funciona
Cuando hablo de transformación digital del sector público no me refiero a subir formatos en PDF a un portal. Eso ya lo hicimos y no sirvió de mucho, el ciudadano descarga el formato, lo imprime, lo llena a mano y regresa a la misma fila. Me refiero a otra cosa, y vale la pena revisarla con detalle porque la tecnología ya existe y no es cara, solo debe ser estrategica.
Una ventanilla digital, donde el ciudadano o la empresa encuentra todos los trámites de una dependencia sin adivinar a cuál dirección le corresponde. Un expediente único, donde el gobierno recuerda quién es usted, si el Estado ya tiene su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio y su identificación, pedírselos otra vez en cada trámite es un desproposito, es desorganización cobrada al ciudadano. Un sistema de pagos con conciliación automática, donde el recibo se genera solo y el área de finanzas no necesita a tres personas cruzando estados de cuenta contra folios y llamando a los bancos para conciliar. Acervos históricos digitalizados y consultables, porque un país que no puede encontrar sus propios documentos no puede rendir cuentas de su pasado. Y trámites verdaderamente complejos, licencias, permisos de construcción, apertura de empresas, resueltos de principio a fin sin que nadie tenga que presentarse ante una ventanilla.
Ese último punto merece atención. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamenta (ENCIG) de 2023 encontró que el trámite para abrir una empresa era el segundo con mayor incidencia de corrupción en el país, con 27.5% de las experiencias. Estamos cobrándole un impuesto informal precisamente a quien quiere formalizarse y generar empleo. Es difícil imaginar un incentivo peor diseñado para los emprendedores.
El obstáculo real
Sería deshonesto pretender que esto es fácil. No lo es, y no por razones técnicas. Los proyectos de gobierno digital fracasan por causas muy identificables, se conciben como obras sexenales y mueren con el cambio de administración, se compran plataformas sin rediseñar el trámite, de modo que el sistema nuevo automatiza la burocracia vieja, se construyen islas que no se hablan entre sí porque cada dependencia quiere su propio sistema, y, sobre todo, chocan con un hecho que nadie podría decir dentro del gobierno, simplificar un trámite le quita poder a quien lo administra. Ese es el punto donde se define la digitalización. Un funcionario que pierde la facultad de decidir quién pasa primero pierde control y decisión. Por eso la transformación digital del sector público es antes que un proyecto tecnológico, una decisión política sostenida en el tiempo, que necesita respaldo del más alto nivel y continuidad más allá de un periodo.
El BID identificó que los países de la región que sí avanzaron como Chile, Uruguay, y Estonia como referencia mundial, hicieron lo mismo, definieron una estrategia transversal para todo el gobierno en lugar de dejar que cada dependencia se modernizara por su cuenta, y orientaron el diseño hacia la experiencia del ciudadano y no hacia las necesidades internas de la burocracia.
Lo que está realmente en juego
Un gobierno que digitaliza sus trámites no solo ahorra dinero. Le devuelve tiempo a la gente. Le quita a una madre soltera el día de trabajo que iba a perder en una fila. Le permite a un joven abrir su negocio sin aprenderse a quién hay que buscar. Le da a un empresario la certeza de que su permiso depende de que cumpla los requisitos y no de a quién conoce o cómo se acerca a las autoridades. Y hace algo más, convierte la relación con el Estado en algo verificable, medible y cercano. Cuando cada expediente tiene bitácora, la rendición de cuentas deja de depender de la buena voluntad de quien gobierna y se convierte en una práctica de eficiencia que transforma a la sociedad.
La simplificación administrativa es, probablemente, la política de crecimiento económico más barata que tiene México disponible. No requiere reforma constitucional, no cuesta puntos del PIB y sus resultados se ven en meses. Solo requiere que alguien con autoridad decida que la fila de las seis y media de la mañana ya no es aceptable y que asuma el liderazgo para diseñar e implementar una estrategia de transformación digital integral, que busque resultados, no reflectores.
Lo políticos llevan muchos años prometiendo modernizar al gobierno y hoy la tecnología dejó de ser el obstáculo, lo que falta es la decisión de usarla, de asumir el costo político y la responsabilidad de gobernar con visión e inteligencia.
