- Diputada del PAN, señala que sw restringió la participación de los legisladores y podría contravenir disposiciones del marco normativo interno del Congreso local.
Luego de que se designara a Germán Reyna y Herrera como auditor superior de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la diputada del PAN en el Congreso de Puebla, Susana Riestra Piña, anunció que su bancada analiza impugnar la legalidad y constitucionalidad de la sesión plenaria en la que se concretó el nombramiento.
La legisladora sostuvo que el señalamiento no se centra en el perfil del funcionario electo, sino en el desarrollo del procedimiento legislativo, el cual —afirmó— presentó inconsistencias que podrían comprometer la validez de los acuerdos aprobados durante esa sesión.
Entre los puntos cuestionados, Riestra Piña mencionó la falta de un debate abierto y suficiente entre los grupos parlamentarios, así como la forma en que se condujo la votación para elegir al titular del órgano encargado de la fiscalización de los recursos públicos en la entidad.
Uno de los argumentos centrales del PAN es la exclusión del apartado de Asuntos Generales del orden del día, situación que, de acuerdo con la diputada, restringió la participación de los legisladores y podría contravenir disposiciones del marco normativo interno del Congreso local.
La designación de Germán Reyna y Herrera se realizó esta mañana del 15 de enero, mediante votación del Pleno, tras la presentación de una terna de aspirantes. El nombramiento fue aprobado por la mayoría de los diputados, mientras que la bancada panista manifestó su desacuerdo y votó en contra.
Tras la sesión, legisladores del PAN abandonaron el recinto como forma de protesta, al considerar que el proceso no garantizó condiciones de transparencia ni deliberación plural para un cargo estratégico dentro del sistema de control y rendición de cuentas.
Finalmente, Susana Riestra Piña indicó que su partido revisa las rutas jurídicas disponibles para presentar la impugnación ante las instancias correspondientes, a fin de que se determine si la sesión cumplió con los principios de legalidad y constitucionalidad. En tanto, la mayoría legislativa ha defendido que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente.
