- El presidente de la Comisión de Justicia, Mauricio Céspedes, admitió que el Poder Legislativo está obligado a acatar el ordenamiento.
Colaboradores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron una reunión con diputados del Congreso del Estado de Puebla para insistir en la obligatoriedad de legislar en favor del reconocimiento de las infancias trans. Durante el encuentro a puerta cerrada, los especialistas explicaron los alcances técnicos de la resolución que ordena reformar el Código Civil local para permitir que menores de edad puedan modificar su identidad de género autopercibida en documentos oficiales.
El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina, admitió que el Poder Legislativo está obligado a acatar el ordenamiento del máximo tribunal del país. Sin embargo, el diputado del Partido del Trabajo (PT) adelantó que el dictamen no llegará al Pleno de forma inmediata, pues pretenden organizar foros ciudadanos y mesas de trabajo con diversos sectores sociales antes de proceder a su aprobación.
“La Suprema Corte nos dice que es un ordenamiento que debemos acatar, entonces nosotros estamos analizando el tema (…) estamos en la mejor disposición de colaborar, pero también de escuchar todas las voces”, comentó el legislador, argumentando que buscan un proceso incluyente al tratarse de un asunto que genera división.
A pesar de que la SCJN otorgó un plazo de 10 días hábiles para que el Congreso de Puebla presente un informe formal con los avances del proceso legislativo, Céspedes Peregrina aseguró que no existe una fecha límite fatal para la aprobación definitiva de la reforma. Asimismo, descartó que los legisladores teman ser sancionados económicamente o amonestados por el tribunal debido al tiempo que tome la socialización del tema.
El reconocimiento de la identidad de género para menores de edad en la entidad poblana arrastra un largo historial de aplazamientos. La primera sentencia de la Suprema Corte sobre esta omisión legislativa se emitió en marzo de 2022; desde entonces, las legislaturas locales han evitado abordar el dictamen debido al costo político y a las presiones de grupos conservadores.
Hoy en día, la legislación civil de Puebla permite únicamente a las personas mayores de 18 años solicitar formalmente la rectificación de su nombre y sexo en el Registro Civil (un derecho conocido como la Ley Agnes). Mantener esta restricción de edad es considerado por la SCJN y por colectivos de derechos humanos como un acto discriminatorio que vulnera el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes trans en el estado.
