- El exgobernador emplazó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a esclarecer la situación.
El exgobernador de Puebla y actual director del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rechazó las versiones periodísticas que señalan un presunto daño patrimonial en el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud del Estado durante el ejercicio fiscal 2024. A través de un pronunciamiento, el exmandatario emplazó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a esclarecer la situación y evitar interpretaciones que generen desinformación en la ciudadanía.
La postura de Céspedes Peregrina surge luego de que trascendiera que el órgano fiscalizador local detectó observaciones por un monto cercano a los 147.8 millones de pesos en tres contratos del sector salud ejecutados durante el último año de su gestión, referentes a la adquisición de medicamentos oncológicos, sueros y servicios de banco de sangre.
El exjefe del Ejecutivo poblano sostuvo que la administración que encabezó entre 2023 y 2024 se condujo bajo un estricto apego a la legalidad y normatividad financiera. Aseguró que las cuentas públicas de ambos periodos ya pasaron por el filtro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia ASE, obteniendo luz verde en cuanto a la aplicación, uso y comprobación del erario.
Asimismo, detalló que el proceso de transición con la administración entrante del gobernador Alejandro Armenta Mier concluyó de manera formal sin contratiempos.
“Durante el proceso de entrega-recepción, no se determinaron observaciones por falta de documentación comprobatoria y se dio puntual atención a los requerimientos realizados. Las actas así lo manifiestan”, puntualizó Sergio Salomón, recalcando que todos los expedientes del OPD de Salud obran en las dependencias correspondientes y están listos para cualquier consulta legal.
El funcionario federal explicó que el marco legal que regula las revisiones de los Informes Individuales de Resultados faculta a la ASE a generar pliegos de observaciones; sin embargo, aclaró que bajo ninguna circunstancia estos requerimientos técnicos deben asumirse como un veredicto de culpabilidad o etiquetarse de inmediato como un desvío o “daño patrimonial”.
“Se deben agotar los procesos legales y administrativos correspondientes, así como esperar el desahogo de las mismas para conocer con precisión sus alcances y resultados”, abundó, haciendo un llamado a la mesura institucional.
Finalmente, el exgobernador hizo un reclamo directo a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que asuma su rol como institución garante del patrimonio de los poblanos con total responsabilidad, transparencia y claridad discursiva.
“Señalo directamente a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que se esclarezca y, en su caso, se pronuncie respecto al estado que guarda la Cuenta Pública de su servidor y también con respecto al OPD de SALUD (…) No es posible que un informe con una interpretación limitada o un mensaje ambiguo generen este tipo de desinformación de cara a la sociedad”, sentenció.
