Cabildo de Acatlán solicita revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas

• La propuesta fue presentada por la regidora Juliana Isabel Jiménez Velázquez; se turnó al Congreso de Puebla.

PUEBLA, PUE.- En una ríspida sesión ordinaria celebrada este lunes 8 de junio, el Cabildo de Acatlán de Osorio aprobó por mayoría de votos recurrir formalmente al Congreso del Estado de Puebla para solicitar el inicio de un procedimiento de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas, a quien acusan de presunto abuso de poder, opacidad financiera y graves irregularidades administrativas.

La propuesta fue presentada durante el apartado de Asuntos Generales por la regidora Juliana Isabel Jiménez Velázquez, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, quien expuso un pliego de reclamos institucionales y sociales que, según los cabildantes, han vuelto insostenible la gobernabilidad en la demarcación.

El cuerpo edilicio fundamentó la solicitud de destitución en una serie de anomalías que van desde el manejo discrecional del erario hasta la falta de condiciones para ejercer sus funciones:

– Brecha de sueldos: Denunciaron una marcada disparidad salarial, exhibiendo que la alcaldesa Guadalupe Bárcenas percibe una remuneración mensual superior a los 80 mil pesos, mientras que los regidores reciben apenas 20 mil pesos.

– Falta de transparencia: Acusaron la ausencia total de rendición de cuentas en los gastos operativos ejecutados directamente por la oficina de la presidencia, así como la negativa de la alcaldesa para asignar espacios físicos de trabajo dignos a los integrantes del Cabildo.

– Conflicto de interés y tensión en la sesión: Durante los posicionamientos se señaló el malestar ciudadano derivado de una supuesta relación sentimental entre la edilesa y el titular de la corporación local, Juan Alberto Domínguez. La tensión escaló cuando el propio director de Seguridad Pública irrumpió en el recinto oficial por instrucciones de la presidenta; un acto que los regidores calificaron como un intento de intimidación, exigiendo de inmediato su salida de la sala.

Tras el debate, el punto de acuerdo para proceder legalmente contra la alcaldesa obtuvo el respaldo mayoritario de ocho votos a favor, alcanzando el consenso necesario para remitir el expediente al Congreso local de forma inmediata.
De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal, el Cabildo carece de facultades autónomas para destituir a un gobernante, por lo que la decisión final recaerá de manera exclusiva en los diputados locales.