Señalamientos por presunta protección política en la LXI Legislatura
La diputada local y dirigente estatal del PRI, Delfina Pozos Vergara, acusó a la bancada de Morena en el Congreso de Puebla de actuar como un escudo político para proteger a alcaldes de su partido, frenando solicitudes de revocación de mandato en casos de presuntas irregularidades administrativas.
Pozos Vergara señaló que la mayoría legislativa ha minimizado conflictos municipales que afectan la gobernabilidad en distintas demarcaciones del estado, lo que, a su juicio, deja en indefensión a la ciudadanía.
Crisis de gobernabilidad en Acatlán de Osorio y solicitud de revocación
La legisladora advirtió que en el caso de Acatlán de Osorio, la situación se ha agravado tras la ruptura del Cabildo con la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, luego de que regidores aprobaran solicitar su revocación de mandato por presuntas anomalías financieras.
Además, el cuerpo edilicio removió al secretario general y al titular de Seguridad Pública, lo que incrementó el vacío de autoridad en la región de la Mixteca poblana.
“Yo veo que de alguna forma sí están protegiendo, porque en otros casos ya hubiera habido una destitución o se hubiera puesto más caso para que ya hubiera gobernabilidad; acá lo preocupante es que los ciudadanos de Acatlán de Osorio son los más afectados”
Acusaciones de doble discurso y casos en otros municipios
Delfina Pozos criticó lo que calificó como un doble discurso en el Congreso del estado, recordando que en otros casos sí han procedido destituciones de presidentes municipales, principalmente cuando pertenecen a la oposición.
También señaló expedientes que, dijo, permanecen detenidos en comisiones legislativas:
San Andrés Calpan: solicitud de destitución del alcalde Vicente Sánchez sin avances.
Chignahuapan: señalamientos contra el edil Juan Rivera por presunto mal manejo de recursos públicos.
Exhorto a la legalidad y neutralidad política en el Congreso de Puebla
La dirigente priista llamó a las y los legisladores locales a actuar con base en la legalidad y sin sesgos partidistas, para atender la crisis de gobernabilidad en los municipios afectados y evitar que la parálisis administrativa continúe impactando a la población.
