- La iniciativa, que sería de aplicación nacional, busca que los menores sean juzgados conforme a la gravedad del delito que cometieron.
Con el propósito de combatir el incremento de la delincuencia juvenil y atajar la impunidad, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa de reforma federal a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El proyecto busca endurecer de forma contundente las medidas cautelares y punitivas aplicadas a menores de edad involucrados en delitos de alto impacto, tales como el homicidio doloso y el feminicidio.
La propuesta, impulsada por el diputado federal Sergio Mayer Bretón, parte de la premisa de que
cuando un delito no se sanciona, se convierte en un incentivo para seguir delinquiendo, para la impunidad y lo mismo puede ocurrir cuando la sanción no es proporcional al daño causado”
Mayer aclaró que no se trata de procesar a los adolescentes con el rigor de un adulto, sino de actualizar las leyes vigentes para asegurar que sus actos tengan repercusiones proporcionales a la gravedad de la ofensa.
Al tratarse de una modificación a una ley de orden general y federal, su validez es de carácter nacional. Esto implica que, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, entrará en vigor de forma directa en el estado de Puebla sin necesidad de que los diputados locales tengan que reformar el Código Penal del Estado en esta materia.
Los jueces especializados en justicia para adolescentes del Poder Judicial del Estado de Puebla tendrán la obligación de aplicar estos criterios de manera inmediata en los juicios locales. Los impactos principales en la entidad poblana serían:
Herramientas contra bandas delictivas
En regiones críticas de la entidad, como la zona metropolitana de Puebla o los municipios del Triángulo Rojo, es cada vez más frecuente que grupos criminales recluten a menores para la comisión de homicidios, extorsiones o portación de armas de fuego. El aumento en la prisión preventiva y el concepto de reincidencia darán mayor margen de maniobra a la Fiscalía General del Estado (FGE) para procesar a perfiles de alta peligrosidad.
Los antecedentes que sustentan el cambio legal
La exposición de motivos de la iniciativa recopila crímenes recientes de extrema crueldad perpetrados por menores de edad, hechos que conmocionaron a la opinión pública nacional:
- El caso Mexicali: Tres adolescentes de 13, 15 y 16 años asesinaron a un taxista con un arma de fuego. Acto seguido, lo desnudaron, grabaron los hechos con un teléfono celular mientras se burlaban y terminaron prendiéndole fuego al cuerpo.
- La tragedia de Sonoyta, Sonora: A mediados de 2025, la joven Leyla Monserrat, de apenas 15 años de edad, fue privada de la vida a manos de dos de sus amigas, quienes también filmaron la agresión con sus teléfonos móviles.
Las restricciones punitivas se aplicarán a los delitos catalogados en el artículo 164 de la referida ley federal, destacando:
- Homicidio doloso en todas sus modalidades (incluido el feminicidio) y violación sexual.
- Trata de personas, terrorismo y extorsión agravada en contextos de asociación delictuosa.
- Delitos contra la salud y la posesión, fabricación o acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
- Lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o causen incapacidad permanente, así como el robo con violencia física.
Entre los principales cambios procedimentales, la prisión preventiva para menores se extenderá de cinco a seis meses, y se derogará la prohibición para imponer el arraigo, permitiendo a las autoridades ministeriales hacer uso de esta medida cautelar cuando sea necesario para la investigación.
Los argumentos de Sergio Mayer se respaldan en datos estadísticos oficiales que reflejan la magnitud del problema en territorio nacional:
- Uso de armas de fuego: Entre 2018 y 2024, más de 2 mil 400 menores de edad fueron detenidos por portación de armas de fuego prohibidas.
- Crecimiento de carpetas de investigación: Durante el año 2023, se abrieron 32 mil 858 carpetas de investigación en contra de adolescentes en el país, lo que representa un marcado incremento del 17.77% en comparación con el año anterior.
El texto del proyecto decreta que, para los delitos graves enlistados, quedarán anulados los criterios de oportunidad. La única excepción permitida será si el menor sufrió un daño físico o psicoemocional grave como consecuencia directa del delito, o si padece una enfermedad terminal que vuelva desproporcionada la imposición de la pena.
Además, se introduce formalmente la reincidencia, estipulando que si un adolescente vuelve a delinquir, su sanción se elevará automáticamente en una cuarta parte.
Por último, la reforma mandata a la Autoridad Administrativa a implementar medidas de supervisión obligatorias y personalizadas a cargo de especialistas orientadas a la reinserción social, incluyendo dispositivos de seguridad para evitar evasiones. Si el joven incumple con estas pautas de control, la autoridad judicial podrá revocarle de forma inmediata el beneficio de la estancia domiciliaria.
