- La legisladora de Morena urgió a implementar medidas extremas para frenar la violencia sexual infantil en el país.
La diputada local de Morena, Graciela Palomares Ramírez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Constitución Mexicana e imponer la castración química como sanción a quienes abusen sexualmente de menores de edad de manera reincidente. Bajo la consigna “que se oiga fuerte y que se oiga lejos”, la legisladora urgió a implementar medidas extremas para frenar la violencia sexual infantil en el país.
Para justificar su propuesta, Palomares expuso datos alarmantes sobre la vulnerabilidad de la niñez. Señaló que, durante 2024, los hospitales de México atendieron 10,613 casos de violencia sexual contra menores de entre 1 y 17 años. Además, citó cifras del INEGI que indican que el 41.8% de las mujeres mayores de 15 años vivieron alguna situación de violencia durante su infancia.
En el contexto local, la legisladora reveló que, tan solo en el primer trimestre de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha registrado:
– 235 denuncias por abuso sexual.
– 113 denuncias por violación simple.
– 83 denuncias por violación equiparada.
*¿En qué consiste la iniciativa?*
La reforma pretende incorporar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un marco de protección reforzada. El punto central es que el Estado pueda adoptar sanciones especiales para erradicar la reincidencia. Para evitar obstáculos legales, la propuesta fija que no se considerará una pena inusitada o trascendental la imposición de terapias hormonales de supresión de andrógenos cuando el agresor sea reincidente.
La iniciativa define la castración química como un procedimiento farmacológico basado en la administración de medicamentos destinados a disminuir el deseo, la excitación y determinados impulsos sexuales de los agresores.
De aprobarse, los tres órdenes de gobierno estarían obligados a adoptar estas medidas especiales en casos donde las víctimas sean menores de edad o personas incapaces. Según Palomares, el objetivo es que el sistema de justicia deje de ser reactivo y pase a ser preventivo mediante la inhibición biológica de quienes atentan contra la integridad de los infantes.
La diputada morenista enfatizó que miles de personas cargan de por vida con el trauma de una agresión sufrida en la niñez, por lo que el fortalecimiento de los esfuerzos institucionales es una deuda pendiente. “La infancia necesita protección real, no solo discursos”, manifestó al cierre de su exposición en la sesión ordinaria.
La propuesta ahora pasará a comisiones para su análisis técnico y jurídico, donde se espera un intenso debate sobre los derechos humanos y la viabilidad de implementar tratamientos médicos como parte de una condena penal en el marco constitucional mexicano.
