- La reciente víctima de linchamiento en Cohuecan habría sido chatarrero y no un presunto delincuente.
PUEBLA, PUE.- El Congreso del Estado de Puebla continúa con el análisis de la reforma para tipificar el linchamiento como un delito específico dentro del marco legal local. Bajo esta nueva regulación, aquellas personas que actúen como incitadores a la violencia comunitaria podrían enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión, sanción que se elevaría hasta los 15 años de cárcel en caso de que el acto llegue a consumarse.
Así lo dio a conocer el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, quien precisó que la propuesta legislativa se encuentra actualmente bajo las revisiones y el cabildeo correspondiente al interior de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
El legislador detalló que la legislación distinguirá claramente entre la incitación y la consumación del linchamiento, determinando que estas conductas penales se acumularán al delito de homicidio en Puebla. Villegas Mendoza recordó que el castigo por homicidio varía de acuerdo con el número de participantes y las condiciones específicas en las que se ejecute el crimen.
Asimismo, el diputado local enfatizó que el Poder Legislativo mantiene sobre la mesa de debate la inclusión de diversas agravantes para endurecer los castigos:
- Menores de edad: Se evalúan penas más severas si la víctima del linchamiento es un menor.
- Adultos mayores: Se busca proteger la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad frente a los ataques tumultuarios.
- Mujeres: El análisis contempla sanciones diferenciadas si el linchamiento se comete en contra de una mujer.
No se puede juzgar a nadie sin antes investigar y esclarecer los hechos; de lo contrario, estaríamos viviendo en un estado sin ley. No podemos permitir que se violenten los derechos humanos de las personas”.
A la par de los avances legislativos, Andrés Villegas Mendoza reveló los primeros datos en torno al reciente linchamiento reportado en el municipio de Cohuecan. Indicó que las pesquisas iniciales arrojaron que el varón de 35 años que fue privado de la vida por la población no estaba vinculado a actividades delictivas.
De acuerdo con el reporte del legislador, el hoy occiso era un ciudadano que se dedicaba de manera legítima al oficio de la compra y venta de fierro viejo, lo que pone de manifiesto el riesgo de la justicia por propia mano y la urgencia de regular de manera estricta estas conductas en la entidad.
