El Pleno del Congreso de Puebla aprobó el dictamen que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer nuevos requisitos relacionados con la nacionalidad de quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México.
La reforma plantea que para ser Presidente o Presidenta de México, gobernador o gobernadora, o jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México se deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
También deberán renunciar a otra nacionalidad
El proyecto establece que, si una persona cuenta con otra nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, en los términos que establezca la legislación correspondiente.
Además, quienes ejerzan alguno de estos cargos no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.
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Restricciones durante el ejercicio del cargo
La modificación también contempla restricciones relacionadas con documentos y derechos vinculados con otra nacionalidad.
En particular, quienes ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, ejercer ante éste derechos políticos inherentes a su ciudadanía ni acogerse a su protección diplomática.
Diputadas se pronuncian a favor y en contra
Durante la discusión del dictamen, las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales, Susana del Carmen Riestra Piña y Delfina Pozos Vergara expresaron su oposición a la propuesta.
En contraste, las diputadas Azucena Rosas Tapia, María Soledad Amieva Zamora y Xel Arianna Hernández García, así como el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza, fijaron una postura favorable al dictamen.
La aprobación en Puebla forma parte del procedimiento de reforma constitucional federal, que requiere la participación de las legislaturas de las entidades federativas para que una modificación a la Constitución pueda avanzar conforme al artículo 135 constitucional.
El Congreso de Puebla forma parte de la LXII Legislatura, integrada por 41 diputadas y diputados.












