Carlos Cózatl
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, representa, al igual que Antorcha Campesina, un “cáncer” para la sociedad poblana, pues, aunque presumen contar con una naturaleza “social”, se han comportado como verdaderas agrupaciones del crimen organizado, viviendo a la sombra de la impunidad.
Estas organizaciones, no solo representan a miles de “ambulantes” y “comerciantes” en la entidad, también lideran negocios fuera de la ley que van desde el transporte público sin concesiones, taxis “piratas”, la invasión de predios, venta de piratería, huachicol e incluso narcomenudeo.
Actualmente, ambas organizaciones se encuentran bajo la mira del Gobierno de Puebla, pues intentaron imponer sus condiciones. La 28 de Octubre en el tema de la “revista” al transporte público; y Antorcha Campesina, al intentar incidir en la vida interna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Sin embargo, el gobernador Alejandro Armenta fue contundente al advertir que no permitirá chantajes por parte de agrupaciones, partidos políticos o quienes pretendan violar el estado de derecho en la entidad.
Mercado Hidalgo y Unión, bastiones de “La 28”
A poco más de medio siglo de la fundación la UPVA “28 de Octubre”, esta organización mantiene sus ideales, los cuales surgieron de la filosofía “maoísta”.
Esta doctrina busca, fundamentalmente, tomar el poder a través de la insurgencia armada y movilización de masas. Haciendo uso de la desinformación y la propaganda contra las instituciones del Estado y la violencia, pues considera que “el uso de la fuerza, no es negociable”.
Su fundador, Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como “Simitrio”, fue durante muchos años un perseguido político, lo que lo llevó a ser encarcelado en tres ocasiones.
Sin embargo, tras recuperar su libertad, los mismos integrantes de la “28 de Octubre”, desconocen las acciones de su líder, quien violó los estatutos de la Asamblea, para heredar el control a su hijo Xihuel.
Cabe señalar, que esta organización mantiene su “poder” en el Mercado Hidalgo y La Unión, donde actualmente se concentra uno de los puntos más importantes para la venta de narcomenudeo en la capital.
Incluso, esta es una de las líneas de investigación que mantuvo la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el feminicidio en 2017 de Meztli Sarabia, al interior de las oficinas de la “28 de Octubre”.
Es de estos puntos de los que “La 28”, obtiene su financiamiento para mantenerse, con más de 10 mil agremiados y que han invadido otros mercados e incluso la Central de abasto.
En tanto, el Mercado Unión, que presuntamente sería expropiado por el entonces gobierno de Claudia Rivera, ha sido el centro de diferentes operativos por parte de las fuerzas federales y estatales, al considerarlo una zona “roja” para la seguridad.
De vendedores ambulantes a transportistas
“Simitrio” encabezó a los comerciantes ambulantes, después de que, en octubre de 1973, el presidente municipal Luis Velázquez Lapuente ordenó la “limpia” del comercio informal en lo que ahora es la Plaza La Victoria, en el Centro Histórico.
De ahí que surgió el Plan de Descentralización Comercial, que llevó a la construcción de varios mercados en Puebla, siendo el Hidalgo el que quedó en manos de Simitrio.
Sin embargo, esto no ha impedido a la organización a continuar “cobrando piso” a ambulantes en la zona céntrica de la capital, al ser uno de los grupos que mantiene invadido el primer cuadro de la ciudad.
“La 28” extendió sus redes al grado de apoderarse de otros sectores como el de taxistas y transportistas, al incluir “centrales” y rutas del transporte público o cobrando “protección” a los choferes que circulan por el Bulevar Norte y las zonas aledañas al Mercado Hidalgo.
Otro de los negocios de la “28” fue el cobro de estacionamiento en la zona de los Estadios durante los partidos del Club Puebla, Pericos o conciertos en el GNP; además de estar detrás de la reventa de boletos en estos puntos.
Por lo que el Gobierno de Puebla busca recuperar el control, tanto en el transporte público como del predio de la zona de los estadios, donde la 28 impone su ley, agrede o incluso se encuentra detrás del robo de autopartes, de quienes se niegan a cubrir la cooperación que va de los 50 a los 200 pesos, para mantener seguras las unidades.
