- Conflicto y acusaciones en el sector del transporte colectivo
La disputa entre la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” y la organización Antorcha Campesina ha escalado nuevamente en el sector del transporte colectivo en Puebla. La UPVA exige la regularización de sus unidades basándose en sus propios estudios de movilidad, mientras que denuncian que Antorcha Campesina opera sin ser regulada.
En una rueda de prensa, los líderes de la UPVA se deslindaron de las acusaciones de haber dañado los vehículos de Antorcha, afirmando que se trata de una estrategia para criminalizarlos. “No somos criminales”, sentenciaron, tras los operativos contra taxis piratas en los que sus unidades fueron sujetas a revisiones con un despliegue excesivo de fuerza, incluso con la participación de la Guardia Nacional.
Los integrantes de la UPVA expresaron que han intentado resolver la situación por vías institucionales. Sin embargo, indicaron que las autoridades han desestimado sus estudios de movilidad, los cuales avalarían la prestación del servicio de transporte colectivo en la ciudad. Según denunciaron, cada vez que intentan avanzar en su lucha, se les responde con operativos y bloqueos a sus demandas, mientras que Antorcha Campesina sigue operando sin restricciones.
El líder histórico de la UPVA, Simitrio, recordó que la organización lleva 15 años brindando el servicio en la zona del Periférico y en el interior de los clústeres con unidades de 21 pasajeros.
Siempre hemos luchado por el reconocimiento de nuestras unidades para garantizar la movilidad de la población”, afirmó.
Sin embargo, acusó que Antorcha Campesina ha maniobrado políticamente para cerrarles las puertas en su intento de regularización, lo que ha generado un nuevo episodio de tensión en esta rivalidad de larga data.
La lucha por el control del transporte en Puebla sigue encendida, y los integrantes de la UPVA advierten que continuarán en pie de lucha hasta obtener el reconocimiento legal de sus unidades. Mientras tanto, las acusaciones cruzadas y la intervención de las autoridades mantienen el conflicto en el centro de la agenda política y social de la región.
