Entre 2023 y 2025, el Poder Judicial del Estado de Puebla emitió únicamente 10 sentencias por el delito de desaparición cometida contra mujeres, una cifra que resulta insignificante frente a las 574 carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo. El dato es contundente: más del 98 por ciento de los casos permanece sin una resolución judicial, lo que exhibe una profunda falla en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
La información oficial revela que, de esas 10 resoluciones, siete fueron condenatorias, dos absolutorias y una mixta, en la que se acreditó la desaparición, pero se absolvió al acusado del delito de feminicidio. Aun así, la aparente “respuesta” del sistema judicial es frágil. Solo dos sentencias están firmes, es decir, no pueden ser modificadas; el resto continúa en procesos de apelación, prolongando la incertidumbre y el desgaste emocional de quienes buscan justicia.
El comportamiento de los tribunales también muestra una tendencia a la baja. En 2023 se concentraron seis sentencias, mientras que en 2024 y 2025 apenas se dictaron dos por año. Esta disminución no refleja una reducción del delito, sino una parálisis institucional que contrasta con el número de denuncias presentadas.
Más preocupante aún es que, en 2024 y 2025, solo dos personas por año fueron vinculadas a proceso, lo que equivale apenas al 20 por ciento de los casos en cada periodo. Ninguno de estos expedientes ha llegado a una resolución definitiva, lo que confirma que el problema no solo está en investigar, sino en sostener los casos hasta el final.
Las cifras evidencian que en Puebla la desaparición de mujeres sigue siendo un delito con altísimas probabilidades de quedar impune. Mientras las sentencias sean excepciones y no la regla, la justicia continuará siendo una promesa incumplida y la violencia institucional, una constante silenciosa.
