- Señalan que el caso fue ignorado pese a evidencias y denuncias previas.
Un nuevo caso de presunto acoso dentro de una escuela primaria en Puebla ha detonado la indignación de madres y padres de familia, quienes no solo denuncian posibles conductas graves contra alumnas, sino también omisiones por parte de autoridades escolares que habrían permitido que la situación escalara.
Alrededor de 50 padres de familia de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno, ubicada en San Bernabé Temoxtitla, se manifestaron y bloquearon la circulación sobre la 11 Sur para exigir la destitución del intendente, señalado por presuntos actos de carácter sexual. Los inconformes acusan que, pese a que la directora tenía conocimiento de los hechos, no se tomaron medidas oportunas.
La protesta inició desde las 09:00 horas, cuando los manifestantes cerraron la vialidad a la altura de la 145 Poniente, cerca de la estación Margaritas del sistema RUTA, con la intención de presionar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que intervenga de manera inmediata ante lo que califican como un problema grave que ha sido ignorado dentro de la institución.
De acuerdo con los reportes, el caso comenzó a hacerse público desde el pasado viernes, cuando padres difundieron mensajes denunciando al intendente, identificado como Juan Pablo “N”. Según los señalamientos, el trabajador habría espiado a alumnas a través de orificios que conectaban una bodega con los sanitarios. Estas acusaciones, acompañadas de fotografías y videos que evidencian dichas aberturas, encendieron la alarma entre la comunidad escolar.
Más allá de la gravedad de los hechos denunciados, el caso exhibe una falla estructural: la falta de reacción inmediata por parte de autoridades educativas ante posibles riesgos para menores. La ausencia de protocolos visibles y acciones preventivas refuerza la percepción de negligencia institucional, en un entorno que debería garantizar la seguridad de niñas y niños.
Hasta el momento, no se ha informado de sanciones concretas ni de la separación inmediata del señalado, lo que ha intensificado el enojo de los padres. La exigencia es clara: una investigación transparente, medidas contundentes y cero tolerancia ante cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de estudiantes.
El caso no solo demanda justicia, sino también una revisión profunda de los mecanismos de supervisión en las escuelas, donde la protección de la niñez no puede depender de la presión social para ser atendida.
