- El caso Salinas Pliego vuelve al centro de la discusión pública.
La ejecución de un embargo en las instalaciones de TV Azteca Puebla volvió a colocar en el centro de la discusión pública la relación entre grandes corporativos mediáticos, obligaciones fiscales y poder político en México.
La diligencia fue realizada por personal de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado en oficinas ubicadas en Torre Centro Mayor, sobre la Calzada Zavaleta, como parte de un procedimiento relacionado con presuntos adeudos fiscales federales atribuidos a Grupo Salinas.
El procedimiento incluyó el inventario y resguardo de equipos, activos y diversos bienes localizados dentro de las instalaciones de la televisora. Autoridades estatales participaron en la ejecución del mandamiento en apoyo a instancias federales, conforme a la normativa vigente en materia fiscal y administrativa.
Hasta el cierre de esta nota no se había dado a conocer el monto exacto de la deuda ni la cantidad de bienes asegurados durante la diligencia. Tampoco se confirmó si la medida tendrá algún impacto sobre la transmisión de la señal o la operación cotidiana de TV Azteca Puebla.
El operativo llamó la atención no solamente por tratarse de una de las televisoras más influyentes del país, sino porque ocurre en medio de una larga disputa pública entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y autoridades fiscales federales por el pago de impuestos millonarios.
Durante años, TV Azteca y otras empresas del grupo han mantenido litigios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras el discurso empresarial insiste en denunciar presiones políticas y excesos gubernamentales. En contraste, el gobierno federal sostiene que las compañías deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente.
También es importante distinguir que el embargo ejecutado en Puebla responde exclusivamente a adeudos fiscales federales y no está relacionado directamente con las diferencias públicas entre la televisora y el gobierno estatal.
En meses recientes trascendió que TV Azteca habría solicitado contratos de publicidad y diversos servicios a la administración estatal por un monto cercano a los 2 mil 350 millones de pesos, situación que provocó tensiones políticas y declaraciones públicas entre ambas partes.
Más allá del procedimiento legal, el caso revive una discusión incómoda en México: si los grandes corporativos mediáticos continúan operando bajo esquemas de privilegio histórico o si finalmente deberán enfrentar las mismas reglas fiscales y administrativas que cualquier empresa o ciudadano.
🚨 #Últimahora @SPFAGobPue ejecuta diligencia de embargo en las instalaciones de @aztecapuebla por los adeudos fiscales de Grupo Salinas con el @SATMX, que superan los 32 mil mdp. ¿Se verá afectada la transmisión local de la televisora? pic.twitter.com/VwsO65Ixpe
— Luis David García (@ldgarcia_mkt) May 29, 2026
