Puebla en la mira por Huachicol eléctrico
Una granja de criptomonedas localizada en Tlaola puso nuevamente a la Sierra Norte de Puebla bajo investigación por el posible robo de grandes cantidades de energía eléctrica. Lo que inicialmente parecía el aseguramiento de unos 300 equipos de cómputo terminó revelando una operación de mayor escala: reportes posteriores ubicaron en el inmueble hasta 1,032 equipos especializados, además de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.
El caso no gira alrededor de la posesión de criptomonedas como una actividad ilegal. La investigación se concentra en la forma en que habría operado la infraestructura y, particularmente, en el origen de la electricidad utilizada para mantenerla en funcionamiento. A ello se suma una segunda línea de indagatoria: determinar si los activos virtuales generados pudieron estar relacionados con recursos de procedencia ilícita.
Tlaola: de 300 a más de mil equipos
El 6 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla aseguraron un inmueble en Tlaola que presuntamente era utilizado para almacenar y operar equipos destinados a la minería de criptomonedas.
Durante la inspección fueron localizados cerca de 300 equipos especializados —GPU— en funcionamiento, un transformador de pedestal, aproximadamente 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital.
La autoridad estatal informó que analizaría si los activos virtuales generados mediante esa infraestructura pudieron haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas. Es decir, el posible lavado de dinero forma parte de la investigación, pero no está acreditado públicamente como un hecho consumado.
Posteriormente, una diligencia realizada el 11 de septiembre elevó el inventario reportado a 1,032 equipos de criptominería. La investigación por el posible robo de electricidad continúa y la SSP estatal mantiene coordinación con la FGR sobre los equipos encontrados en la Sierra Norte.
La diferencia entre ambos inventarios es relevante porque muestra que la dimensión de la instalación era mayor a la conocida durante el primer aseguramiento.
La electricidad, el verdadero punto de la investigación
La minería de criptomonedas requiere equipos informáticos funcionando durante periodos prolongados y, por tanto, un consumo importante de electricidad. En Tlaola, la presencia de un transformador y decenas de terminales de media tensión forma parte de los elementos que las autoridades tienen bajo investigación.
Sin embargo, hay que precisar un punto: hasta ahora no existe información oficial que permita afirmar que los responsables conectaban los equipos directamente a la presa de Nuevo Necaxa. Lo documentado es que el inmueble se encuentra dentro de la zona de influencia de la infraestructura hidroeléctrica de la Sierra Norte y que las autoridades investigan el posible robo de energía.
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, señaló que los predios de Juan Galindo y Tlaola son particulares y que continúa la colaboración con la FGR por los equipos que presuntamente estarían conectados para sustraer electricidad.
Por ello, el punto central todavía pendiente es determinar de dónde provenía exactamente la energía utilizada por la instalación y bajo qué esquema era suministrada.
No es el primer caso en la Sierra Norte
El expediente de Tlaola tiene un antecedente directo. En abril de 2025, la SSP de Puebla informó del desmantelamiento de una granja clandestina de criptomonedas en Juan Galindo y señaló que en ese sitio se robaba energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En aquella ocasión, la dependencia también informó que tenía conocimiento de al menos otras dos instalaciones. Previamente se habían detectado dos granjas en Nuevo Necaxa y otro caso relacionado con una operación coordinada con Tlaxcala.
Ese antecedente permite observar que Tlaola no apareció de manera aislada dentro de las investigaciones estatales. Desde 2025 existen reportes oficiales y declaraciones de autoridades sobre instalaciones de criptominería en esta región y sobre conexiones ilegales de alto consumo eléctrico.
Lo que todavía falta establecer es si estos casos tienen alguna relación entre sí o si se trata de operaciones independientes.
¿Y el lavado de dinero?
Esta es la segunda línea que debe seguirse con cautela.
La autoridad estatal informó que analiza si los activos virtuales generados mediante la infraestructura de Tlaola pudieron utilizarse para dar apariencia de legalidad a recursos vinculados con actividades ilícitas.
Eso no equivale a decir que la granja ya fue identificada como una operación de lavado de dinero ni que se haya demostrado su pertenencia al crimen organizado.
En México, los activos virtuales están contemplados dentro del marco jurídico, aunque no son moneda de curso legal ni divisas. La legislación establece su definición y el papel del Banco de México respecto de las operaciones que pueden realizar las instituciones reguladas.
El problema, por tanto, no es la existencia de Bitcoin u otros activos virtuales, sino las conductas que puedan cometerse alrededor de ellos.
La pregunta que deja Tlaola
El aseguramiento deja abiertas varias preguntas: quién operaba el inmueble, desde cuándo funcionaba, cómo obtenía la electricidad, cuánto consumía, quién adquirió los equipos y quién controlaba los activos virtuales generados.
También queda por determinar si la instalación de Tlaola forma parte de una red más amplia de granjas clandestinas en la Sierra Norte.
Por ahora, lo comprobado es el aseguramiento de una infraestructura tecnológica y eléctrica de gran escala, la existencia de antecedentes de criptominería clandestina en Juan Galindo y Nuevo Necaxa y una investigación federal que busca establecer si hubo robo de electricidad y si los activos virtuales tuvieron alguna relación con recursos ilícitos.
El siguiente paso de la investigación será seguir el rastro de la energía, pero también el del dinero.
