- La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano recibe al menos dos denuncias semanales por invasión de áreas comunes y privadas en Agua Santa, La Margarita, San Jorge y San Ramón
Las unidades habitacionales de Agua Santa, La Margarita, San Jorge y San Ramón concentran el mayor número de denuncias por construcciones irregulares en la capital poblana, informó la titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz.
En entrevista detalló que cada semana se reciben al menos dos denuncias por invasión de áreas comunes y privadas, una cifra que revela la persistencia de esta problemática en zonas densamente pobladas, donde los espacios colectivos se han convertido en motivo constante de conflicto entre vecinos.
Las denuncias provienen de habitantes que observan ampliaciones sin permiso, cierres de pasillos, apropiación de jardines, instalación de rejas, techumbres, cuartos adicionales y locales improvisados que modifican el diseño original de las unidades y afectan la convivencia, la movilidad y el acceso a servicios.
En Agua Santa, una de las unidades más grandes y antiguas de la ciudad, los reportes se concentran en la invasión de áreas verdes y andadores. En La Margarita, los vecinos denuncian la ocupación de espacios comunes para construcciones particulares. En San Jorge y San Ramón, los casos se relacionan con ampliaciones que invaden banquetas, estacionamientos y zonas de uso colectivo.
La funcionaria detalló que el procedimiento que sigue la Secretaría depende del lugar donde se localice la construcción irregular y de si se encuentra en espacio público o en propiedad privada, porque cada caso implica un proceso administrativo distinto.
Cuando la construcción se localiza en vía pública, la dependencia emite un dictamen para la demolición inmediata, debido a que se trata de una ocupación indebida de un bien de uso común que afecta a toda la ciudadanía y no solamente a los vecinos directos del lugar.
En esos casos, además de ordenar el retiro, se realiza una valuación de los gastos derivados de la demolición y se establece una multa para quien resulte responsable, con el objetivo de desincentivar que estas prácticas se repitan en otras zonas de la ciudad.
Cuando tenemos ubicado cuando invaden las áreas verdes, lo que hacemos es notificar la sanción, el gasto que se llevó a cabo y se notifica al área de Tesorería, explicó Romero Sainz, al describir el mecanismo que permite recuperar los costos generados por la intervención municipal.
En cambio, cuando la edificación se encuentra en un área privada, la dependencia realiza primero un análisis de la situación, revisa antecedentes y permisos, y emite un citatorio al presunto responsable para que acuda a aclarar su situación y presente documentación.
Si la persona no se presenta, la autoridad continúa con la visita al lugar, verifica las condiciones físicas de la obra y evalúa si el caso puede ser regularizado mediante el cumplimiento de la normatividad vigente o si debe procederse a una sanción mayor.
Este segundo escenario suele ser más complejo porque involucra derechos de propiedad, acuerdos entre vecinos y condóminos, y disputas que llevan años sin resolverse, lo que prolonga los procedimientos.
Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los permisos correspondientes antes de construir, para evitar sanciones, multas y demoliciones.















