- Sánchez González reiteró que no habrá impunidad en este caso y que la investigación se mantiene firme.
Irina Díaz
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que la defensa de Rafael N., identificado como el “francotirador de la Atlixcáyotl”, habría ofrecido un millón de pesos a una de las víctimas lesionadas para que retirara la denuncia.
En entrevista, detalló que el ofrecimiento fue realizado por los abogados del imputado; sin embargo, la investigación continúa su curso legal y sin ningún tipo de negociación.
Estamos tranquilos, la investigación ha sido firme… confiamos en la autoridad judicial”, dijo.
Sánchez González manifestó su confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del Poder Judicial para que se defina la situación jurídica y la sentencia correspondiente contra el presunto responsable.
Antecedentes del caso del “francotirador de la Atlixcáyotl”
El caso del “francotirador de la Atlixcáyotl” generó alarma durante meses en la zona metropolitana de Puebla. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Rafael N., de 67 años de edad y empresario del sector farmacéutico, fue detenido la madrugada del 14 de julio en el fraccionamiento Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula, tras una orden de aprehensión.
Durante el cateo, el imputado abrió fuego contra los agentes ministeriales, por lo que repelieron la agresión y concretaron su detención. En su domicilio fueron aseguradas tres armas cortas semiautomáticas, un rifle, una escopeta y más de 500 cartuchos útiles, con permisos de caza, según informó la FGE.
Las investigaciones iniciaron en abril, a partir de publicaciones en redes sociales de automovilistas que reportaban impactos de bala en sus vehículos mientras circulaban por la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Tecnológico de Monterrey y la zona de Angelópolis. En un inicio no existían denuncias formales por temor de las víctimas.
Fue hasta principios de junio cuando un joven lesionado por arma de fuego acudió a declarar, lo que permitió abrir la carpeta de investigación y acumular hasta 10 denuncias formales por los delitos de tentativa de homicidio calificado, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.
La Fiscalía, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, informó que la identificación del presunto responsable se logró mediante análisis científico, reconstrucción de hechos, peritajes balísticos, análisis de trayectoria, reconstrucción pericial en 3D, inteligencia criminal y revisión de cámaras de videovigilancia, donde se detectó un mismo vehículo sin placas que aparecía en los diferentes ataques.
El secretario de Seguridad Pública explicó en su momento que se trató de un trabajo de campo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, lo que permitió dejar de ver los hechos como casos aislados y tratarlos como una misma serie de agresiones.
Tras su detención, Rafael N. fue puesto a disposición del Ministerio Público y se negó a declarar. Un juez de control le impuso prisión preventiva oficiosa en el penal de San Miguel, mientras se resuelve su vinculación a proceso. La Fiscalía ha anunciado que solicitará la pena máxima.
Además, durante la audiencia inicial, realizada a puerta cerrada en la Casa de Justicia de Puebla, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas y anunció que buscará el apoyo del Consulado de España, al argumentar que el imputado cuenta con nacionalidad española.
El vicealmirante Francisco Sánchez González reiteró que no habrá impunidad en este caso y que la investigación se mantiene firme, independientemente de los ofrecimientos económicos que realice la defensa para que las víctimas desistan de las denuncias presentadas.
