Armenta respalda antidoping a candidatos
- La iniciativa surgió formalmente en marzo de este año por la diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó la propuesta para que los partidos políticos apliquen “exámenes antidoping” a sus candidatos y afirmó que él sería el primero en someterse a la prueba para poner el ejemplo.
Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario estatal señaló que esta medida ayudaría a garantizar que quienes aspiren a un cargo público no tengan vínculos con el consumo de enervantes y que lleguen a la función pública con un perfil de integridad comprobable.
Que nos ayude a que los partidos políticos eviten postular a personas vinculadas con el consumo de enervantes”, expresó.
Armenta Mier destacó que la iniciativa abonaría directamente a la transparencia y a la recuperación de la confianza ciudadana en los procesos electorales, al asegurar que los perfiles que contienden lo hagan en condiciones de integridad, salud y compromiso con la legalidad.
El gobernador fue enfático al señalar que la responsabilidad de filtrar a los aspirantes recae en los institutos políticos, pero que cuando no lo hacen, es la población y el gobierno quienes enfrentan las consecuencias.
Congreso evalúa antidoping para candidatos; piden a partidos aplicar pruebas en 2027
“Los partidos políticos les abren las puertas y luego en el gobierno los que tenemos que estar enfrentando esa situación es la población, y nosotros como autoridades cumplir el mandato que establece la Fiscalía cuando hay investigaciones u órdenes de aprehensión, me parece una propuesta extraordinaria”, afirmó.
Sostuvo que este tipo de exámenes no deben verse como una medida punitiva, sino como un mecanismo preventivo que fortalezca a las instituciones y que mande un mensaje claro de que en Puebla no se permitirá que el crimen organizado se infiltre en la vida pública a través de candidaturas.
El origen de la propuesta
La iniciativa surgió formalmente en marzo de este año, cuando la diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, presentó una reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para exigir pruebas toxicológicas y de control de confianza obligatorias a todos los aspirantes a cargos de elección popular.
Su argumento central es que existe una contradicción en el sistema actual, pues mientras a los elementos de seguridad pública y diversos servidores públicos sí se les exigen exámenes de control y confianza, a quienes aspiran a tomar decisiones trascendentales para el estado no se les aplica ningún filtro similar.
Resulta contradictorio que quienes aspiran a gobernar no estén al mismo nivel de escrutinio que un policía, señaló entonces en tribuna. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.
Desde esa fecha, el gobernador Alejandro Armenta ha respaldado la idea en varias ocasiones. Ha precisado que, para no vulnerar derechos humanos, no debería imponerse como una obligación legal desde el Código Electoral, sino implementarse como un filtro moral y voluntario al interior de los partidos políticos, como parte de sus procesos internos de selección.
Reactivación del debate
El tema se reactivó el pasado 18 de agosto, cuando el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, planteó durante su participación en el programa Derecho de Réplica que el Congreso del Estado analice a fondo la obligatoriedad del antidoping rumbo al proceso electoral de 2027.
García Parra llamó a que los partidos asuman más responsabilidad para evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y recordó los casos recientes de Tlachichuca, Ciudad Serdán, San Nicolás Buenos Aires y Cuautempan, municipios donde hubo alcaldes y funcionarios detenidos.
Tras ese pronunciamiento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, anunció que habrá mesas de trabajo con la Consejería Jurídica del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para analizar la viabilidad de la reforma. La intención es que quede aprobada en esta legislatura, aunque reconoció que quizá ya no alcance para aplicarse en 2027.
El debate ha generado consenso entre distintas fuerzas políticas. PAN, Morena y Fuerza por México también se han pronunciado a favor. El coordinador del PAN, Marcos Castro Martínez, incluso pidió que se extienda a funcionarios en activo.
