El gobierno de Puebla evalúa el posible cierre o reubicación de centros penitenciarios regionales y municipales, luego de que 14 de los 16 reclusorios del estado reprobaran la evaluación 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que se realiza un diagnóstico para revisar las condiciones de operación de los centros y determinar cuáles requieren ajustes, podrían continuar funcionando o tendrían que ser cerrados o reubicados.
Entre los penales bajo análisis se encuentra el de Acatlán de Osorio, que obtuvo la calificación más baja de Puebla. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su cierre ni una fecha para concretar posibles cambios.
Acatlán obtuvo 3.42 puntos de 10
De acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, el sistema penitenciario poblano obtuvo una calificación promedio de 5.10 sobre 10.
El centro de Acatlán de Osorio registró 3.42 puntos y una población de 81 personas privadas de la libertad, pese a que su capacidad reportada es de 50. Le siguen los penales de Huejotzingo, con 3.84 puntos, y Libres, con 4.58.
Solo los centros penitenciarios de Ciudad Serdán y Tepexi de Rodríguez obtuvieron calificaciones aprobatorias, según los datos difundidos sobre la evaluación.
Sobrepoblación y deficiencias, entre los problemas detectados
Entre las principales deficiencias señaladas en el sistema penitenciario de Puebla se encuentran la sobrepoblación, las carencias en servicios de salud, la insuficiencia de personal de custodia y las dificultades para garantizar condiciones adecuadas de estancia y reinserción social.
También se reportaron condiciones de autogobierno o cogobierno en el penal regional de San Pedro Cholula.
Gobierno estatal revisa posibles reubicaciones
Aguilar Pala explicó que el diagnóstico no se limita al centro penitenciario de Acatlán, sino que abarca los 16 reclusorios locales. La revisión permitirá determinar qué ajustes requiere cada instalación y si es necesario modificar su operación.
Un eventual cierre o reubicación implicaría definir el destino de las personas privadas de la libertad y las condiciones para su traslado a otros centros penitenciarios.
Hasta ahora, el gobierno estatal no ha detallado qué otros penales podrían cerrar, cuántas personas serían reubicadas ni los plazos para tomar una decisión. Por el momento, el proceso permanece en la etapa de diagnóstico.
