- Raúl Pineda señaló que podrían estar involucradas organizaciones, particulares y exfuncionarios.
El Gobierno de Puebla investiga la posible operación de una red dedicada al despojo de propiedades, en la que presuntamente estarían involucradas organizaciones, particulares y exfuncionarios, informó el consejero jurídico estatal, Raúl Pineda.
En entrevista el funcionario señaló que las autoridades han identificado casos en distintas zonas de la entidad, por lo que el fenómeno representa un foco rojo para la administración estatal. Indicó que se preparan posibles acciones legales contra quienes resulten responsables.
Pineda explicó que las investigaciones requieren un análisis puntual para reunir elementos que permitan proceder jurídicamente, sin vulnerar los derechos de personas que no tengan relación con estos hechos.
Aunque no dio a conocer nombres de los posibles involucrados ni detalles específicos de los casos, confirmó que entre las líneas de investigación se contempla la participación de organizaciones y personas que habrían intervenido en el despojo de inmuebles.
El consejero jurídico evitó adelantar conclusiones mientras continúa la revisión de la información. La intención, sostuvo, es contar con elementos suficientes para actuar conforme a derecho.
El tema también fue señalado por el gobernador Alejandro Armenta, quien previamente informó que su administración preparaba acciones legales relacionadas con el presunto cártel del despojo.
ADAGI reporta mil 162 denuncias
Como antecedente, Carolina León, presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (ADAGI), advirtió que esta problemática se extiende por diferentes regiones de Puebla, particularmente en zonas con crecimiento urbano y alta plusvalía.
La representante del sector reportó mil 162 denuncias por despojo entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un promedio de cuatro casos diarios durante ese periodo.
Entre los municipios y zonas que identificó se encuentran Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula, Lomas de Angelópolis, Huejotzingo y Cuautlancingo.
León señaló que los casos no se limitan a una sola región y que pueden involucrar mecanismos como el uso de documentos presuntamente falsificados y procedimientos irregulares para quedarse con propiedades.
Las cifras corresponden al periodo de enero a septiembre de 2025 y fueron expuestas por la asociación como parte de su diagnóstico sobre el problema en la entidad.
